Muchas veces el control público externo no funciona adecuadamente y puede también llevar a la tragedia. Por ejemplo, cuando los gestores públicos se asocian con intereses particulares en lugar de defender el bien común. Pero también puede deberse a la desconfianza de los usuarios de los recursos, quienes conocen mejor esa realidad, hacia los gestores externos que les dicen lo que deben hacer. La propiedad privada tampoco asegura de ninguna manera una gestión sostenible de los recursos naturales renovables. Una empresa que explota una superficie forestal para obtener madera puede ser un ejemplo. Si la explotación es demasiado intensiva y no se asegura la renovación del recurso, la propia empresa resultará afectada en el futuro, ya que agotará su fuente de ingresos. Sin embargo, puede ser rentable económicamente convertir la madera en dinero lo más rápido posible e invertir este beneficio en otra actividad.
Todo depende de la comparación entre la rentabilidad de la explotación sostenible (sobre todo del ritmo de crecimiento de la madera) y la rentabilidad de inversiones alternativas si hay inversiones más rentables que la explotación sostenible, la lógica será la de «toma el dinero y corre». El futuro imparta、pero menos que el presente, ya que en el cálculo financiero se «descuenta» el futuro: el dinero se presta en los mercados monetarios y tiene un precio (el tipo de interés), pero lo que a una empresa no le es indiferente disponer de una cantidad de dinero hoy o en el futuro. Muy diferente será la lógica de una comunidad o una pequeña explotación privada de subsistencia, que puede tener una perspectiva más a largo plazo, porque sabe que su futuro y el de sus hijos dependen de no acabar con su fuente de ingresos. El dinero se mueve mucho más rápido y con menos costes que las personas. En conclusión, no hay ninguna panacea para la gestión sostenible de los recursos naturales. Tanto la gestión estatal como la privada pueden producir «tragedias» y la gestión comunitaria no tiene por qué acabar en la ruina.
LOS INSTRUMENTOS DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA
En sociedades en las que los resultados ambientales dependen de muchas decisiones y la coordinación y cooperación entre las personas es difícil, parece imprescindible una intervención pública bien orientada. La conciencia individual es importante, pero no suficiente.
La intervención estatal tiene dos orientaciones principales. La primera es establecer normas de obligado cumplimiento para reducir las presiones ambientales. La segunda es incentivar los cambios de comportamiento mediante instrumentos económicos. Las posibilidades y ventajas relativas de cada una de estas vías de intervención dependen de los problemas ambientales concretos y también del contexto cultural. Normativas e instrumentos económicos no siempre se excluyen mutuamente, ya que muchas veces puede hacerse una buena combinación de ambos.
Un ejemplo de intervención en temas de contaminación es la prohibición de determinadas sustancias, como se hizo en Estados Unidos (y luego en muchos otros lugares) con el DDT en 1972. La científica estadounidense Rachel Carson había denunciado, en su libro Primavera silenciosa (1962), los efectos devastadores de esta sustancia en la vida silvestre y en especial en las aves. Otro ejemplo es la prohibición en la Unión Europea, a partir del año 2000, del uso del plomo en la gasolina, que, desde la década de 1920, se utilizaba para mejorar el rendimiento de los motores.
No todas las normativas sobre contaminación implican la prohibición. Es frecuente establecer límites de concentración de contaminación en los humos o aguas residuales o de determinadas sustancias problemáticas en los productos.
La efectividad de las normativas ambientales depende no solo de lo que estas establecen, sino de la capacidad para hacerlas cumplir. Y esto se relaciona con el grado de control y con las penalizaciones establecidas. Es frecuente pensar que los problemas graves de incumplimiento son propios de países poco desarrollados económicamente y con instituciones débiles. En 2015,sin embargo, los ciudadanos conocieron, con estupor, que la empresa alemana Volkswagen cometió durante años un fraude masivo instalando sistemas para alterar los resultados de los controles de emisiones de óxidos de nitrógeno en millones de vehículos diésel (y también deCO2en algunos modelos). En los controles de emisiones la medida resultante era diez, veinte y hasta cuarenta veces inferior a la real, lo que le permitía cumplir aparentemente las normas e incluso hacer propaganda de vehículos limpios. El fraude se destapó en Estados Unidos, pero, según informó el diario Financial Times, el comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea ya había advertido al comisario de Industria, al menos dos años antes, sobre las discrepancias entre esas mediciones y las reales. Y no se actuó.
Las normativas ambientales son la medida tradicional de intervención pública ambiental y adoptan otras muchas formas. Por ejemplo, normativas de edificación, que pueden incluir obligaciones de incorporar instalaciones de energías renovables o diferentes criterios de eficiencia energética; restricciones al tráfico rodado o límites de velocidad; fijación de criterios obligatorios para gestionar residuos y restricción de actividades en espacios naturales.
