El sistema económico forma parte de la naturaleza y está en constante interrelación con ella. Las decisiones económicas alteran muy frecuentemente los ecosistemas con efectos negativos provocando costes sociales externos. Un ejemplo muy sencillo sería el de una empresa productora de papel que genera residuos que se vierten en un río. Esas aguas contaminadas son utilizadas en una zona del curso inferior del río por una empresa textil que se ve obligada a depurarlas. La papelera tiene unos costes por unidad producida de 10 euros. La empresa textil tiene sus propios costes de producción y, además, debe gastar 1 euro adicional por cada unidad que produce la papelera: a más producción de papel, más contaminación y mayor coste dé depuración. ¿Cuáles son los costes de producción de papel? Depende de la perspectiva. El coste privado es de 10 euros, pero a esta cifra habría que sumarle el coste externo de 1 euro, por lo que el coste total de producir una unidad de papel es de 11 euros. El coste de depuración recae sobre la empresa textil, pero se trata de un coste generado en la producción de papel. Esto tiene varias consecuencias: la primera, que la productora de papel no tiene ningún incentivo económico para introducir técnicas menos contaminantes, porque no paga por ello, es decir, la contaminación no afecta a su cuenta de resultados; la segunda, que los precios del papel no se ven influidos por la contaminación. Si los costes de depuración recayesen sobre la papelera, los costes de producción aumentarían y con ello los precios de venta, con lo que la cantidad vendida disminuiría; cuando no es así, una parte de los costes de producir papel no queda en absoluto reflejada en el precio.
El ejemplo ayuda a comprender qué se entiende por costes sociales externos, aunque en general estos no pueden medirse adecuadamente en dinero. La mayoría de los problemas ambientales no se solucionan o, al menos, no íntegramente gastando dinero. Cuando una empresa contamina un río, provoca costes sociales externos a la empresa. Una parte de estos costes son monetarios, como cuando, según el ejemplo, otras empresas o los poderes públicos deben asumir los costes de depuración de las aguas, pero también se manifiestan en el deterioro de la salud de la población, en la pérdida de calidad de vida o en cambios ambientales desconocidos. Las empresas no tienen ningún incentivo para reducir la contaminación y la competencia con otras compañías presiona para reducir los costes monetarios privados, aunque sea a expensas de generar más daños externos que recaen sobre terceros. Esos perjuicios pueden ser de tipo local, regional o global y pueden recaer sobre las generaciones presentes o sobre las futuras.
Los consumidores también provocan costes sociales externos, no solo indirectamente, es decir, comprando productos más o menos contaminantes, sino también de forma directa, con sus decisiones cotidianas. Por ejemplo, cuando alguien decide desplazarse en coche por la ciudad está generando contaminantes, como óxidos de nitrógeno y partículas (que provocan un problema de salud pública), así como dióxido de carbono (que contribuye al cambio climático). Ello también puede contribuir a la congestión y a hacer más inseguro el espacio público, efectos que no recaen solo sobre el conductor, sino sobre otras personas, de modo que, en ausencia de penalizaciones, no existen incentivos económicos para reducirlos.
También existen externalidades positivas o situaciones en las que los beneficios totales son más grandes que los privados. Si un apicultor se instala cerca de un terreno con árboles frutales, las abejas aumentarán la polinización y se incrementará la producción de frutas. Si el propietario privado de una superficie forestal con elevado valor ecológico decide convertirla en una plantación, genera externalidades negativas, aunque también se puede afirmar que, si decide conservarla, proporciona servicios ambientales y, por tanto, beneficios externos.
Los límites morales del mercado
Los efectos de las decisiones privadas sobre los demás no pueden verse como excepciones, sino que son la regla general. Y ello va mucho más allá de lo que a veces se piensa. Podría preguntarse, por ejemplo, por qué se considera ilegal la compraventa de órganos humanos. Alguien podría argumentar que, si el acuerdo es voluntario y las dos partes están bien informadas, nadie pierde con el trato ¿Por qué prohibir una transacción plenamente voluntaria, diría un liberal? La respuesta es que muchos piensan que extender el mercado a determinados ámbitos conduce a una sociedad menos deseable. En definitiva, que deben existir límites morales al mercado para evitar efectos indeseables sobre toda la sociedad. Cuáles son estos límites es algo en permanente discusión, tal como reflejan los debates de bioética. También la cuestión ambiental está atravesando por cuestiones éticas de este tipo. ¿Por ejemplo, si una fábrica se instala en un lugar y afecta a la población vecina, se debe permitir su instalación con la única condición de que los afectados lo acepten a cambio de una determinada compensación monetaria? Si los efectos son pequeños, quizá no se planteen grandes problemas morales, pero si aumentan gravemente los riesgos sobre la salud, ¿se considerará aceptable con la única condición de que todas las partes estén bien informadas? O ise considerará que con la salud no se comercia y que la salud de todos debe protegerse por ley, ¿cómo plantean quienes hablan en términos de justicia ambiental?
