Parece que la tensión por el futuro de las reservas hídricas ha vuelto a instalarse en la agenda pública. Un grupo de más de 25 organizaciones civiles de toda la Argentina ha manifestado un rechazo contundente ante la posibilidad de que se reforme la Ley N.º 26.639, conocida como la Ley de Glaciares. A través de un documento conjunto, estas entidades coinciden en que es fundamental sostener los pilares científicos y jurídicos que sostienen la norma actual. La preocupación es clara: cualquier cambio que baje la vara de la protección vigente se considera un retroceso inaceptable para el patrimonio natural del país.
Un hito normativo que protege el agua en las zonas más secas
La Ley de Glaciares, que fue sancionada allá por el año 2010, no salió de la nada; fue el fruto de una discusión muy profunda en la sociedad y el Congreso. Su meta principal es cuidar las reservas estratégicas de agua dulce, esas que permiten que haya vida y actividad económica en gran parte del territorio nacional. Esto es especialmente vital en las provincias áridas, donde cada gota cuenta. Modificar el texto actual significaría, básicamente, abrir la puerta a proyectos de minería de gran escala en lugares sumamente frágiles, lo que pondría en riesgo la permanencia del agua almacenada en el hielo.
El sistema periglacial como regulador de la vida en la montaña
Los glaciares y el ambiente que los rodea no son solo trozos de hielo aislados, sino que forman un sistema que regula el agua de cuencas enteras y humedales de altura. En un momento donde el cambio climático golpea fuerte y los glaciares retroceden en todo el mundo, las organizaciones desaconsejan tocar la ley. Organizaciones como Greenpeace Argentina han reiterado que debilitar estos estándares traería consecuencias ambientales y sociales que no tendrían vuelta atrás. Se trata de un resguardo crítico; si se rompe esa protección, se degrada el ecosistema que sostiene a miles de comunidades montaña abajo.
La prohibición de actividades extractivas como eje central
La Ley 26.639 funciona como una pieza maestra de la política ambiental porque prohíbe explícitamente cualquier cosa que altere la integridad de los glaciares. Esto incluye la búsqueda y extracción de minerales o hidrocarburos, además de la construcción de infraestructura que implique mover o destruir el hielo. Las organizaciones firmantes también aprovechan para resaltar el trabajo del IANIGLA en esta tarea. De hecho, consideran que lo que hace falta es darle más presupuesto y facultades a este instituto para que pueda seguir custodiando el inventario nacional de glaciares como corresponde.
El desarrollo ordenado frente a la explotación sin límites
Existe la idea de que la ley frena el progreso, pero el documento sostiene lo contrario: la norma ordena el desarrollo. La intención no es bloquear actividades, sino asegurar que no avancen sobre zonas donde el daño sería eterno y el agua es irremplazable. Es una cuestión de prioridades sociales y ambientales. Parece que se intenta explicar que, sin este ordenamiento, el crecimiento económico de unos pocos terminaría secando el futuro de muchos otros. La duda que queda flotando es si se escuchará este argumento técnico frente a las presiones de ciertos sectores productivos.
La inconstitucionalidad de retroceder con la Ley de Glaciares
Para cerrar su postura, las entidades advierten que cambiar la ley sería ir en contra de la Constitución. Mencionan el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú, que ya es ley en el país, el cual prohíbe que se den pasos hacia atrás en la protección del medio ambiente ya lograda. Modificar la normativa para permitir lo que hoy está prohibido sería, bajo esta mirada, una acción ilegal. En definitiva, el mensaje es que no hay margen para flexibilizar el cuidado de los glaciares sin romper los compromisos internacionales y las leyes básicas que protegen la vida en Argentina.
