Han pasado quince años desde que la Argentina decidió ponerle un límite a la explotación sobre el hielo. La Ley de Glaciares, aprobada en 2010, nació como respuesta a una presión social que ya no podía ignorarse: científicos, comunidades cordilleranas y organizaciones ambientales reclamaban proteger las reservas de agua más importantes del país. Lo lograron. Pero ese triunfo, que alguna vez pareció consolidado, vuelve a tambalear en tiempos donde los discursos negacionistas ganan fuerza y la crisis climática avanza sin tregua.
La historia de la Ley de Glaciares
En su origen, la ley fue una especie de declaración colectiva. El país decidió que los glaciares y el ambiente periglacial debían ser intocables. No por romanticismo, sino porque son la fuente de buena parte del agua que corre por los ríos, la que sostiene a pueblos enteros y a una red de vida que desciende desde la montaña hasta el mar. La norma se transformó en un antecedente mundial: ningún otro país tenía hasta entonces una legislación nacional dedicada a proteger estos ecosistemas. Esa iniciativa ubicó a la Argentina en el centro de las miradas internacionales y marcó un punto de inflexión en la política ambiental.
Con los años, la ley se volvió incómoda para ciertos sectores. La megaminería, en especial, intentó frenarla o reducir su alcance. No lo consiguió. En 2019, la Corte Suprema ratificó su validez y recordó que los glaciares son bienes públicos. Esa decisión dejó una idea central: cuando chocan los intereses privados con el derecho al agua, la prioridad siempre debe ser la vida colectiva.
Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, suele describirlos como “fábricas de agua”. Lo dice así, simple y directo. Y tiene sentido: sin ellos, no hay ríos. Desde la cordillera, esos cuerpos de hielo alimentan cuencas que van mucho más allá de los límites provinciales. Lo que está en juego, repite, no es solo un paisaje: es la continuidad misma de la vida.
Un hielo que retrocede y pone todo en riesgo
El panorama científico no deja lugar a dudas. Los glaciares argentinos están retrocediendo como nunca antes. Es un fenómeno medido, documentado y, por desgracia, sostenido en el tiempo. En las últimas décadas se perdió más masa glaciar que en cualquier otro momento registrado. El calentamiento global acelera ese proceso y empuja a los ecosistemas de montaña hacia un punto crítico.
Agostina Rossi Serra, especialista de Greenpeace Argentina, lo explica con crudeza: cada metro que retrocede un glaciar es un golpe a la seguridad hídrica del país. Cuidarlos, dice, no es una elección ambientalista ni un gesto simbólico. Es una obligación moral y práctica. Porque sin hielo, tarde o temprano, se seca la vida río abajo. La ecuación es simple, aunque muchos prefieran no verla.
La presión del dinero y los nuevos disfraces del extractivismo
En los últimos años aparecieron intentos de modificar la ley. No lo dicen así, pero el objetivo es aflojar los controles. Se habla de “transición energética”, de “minerales críticos” y de la necesidad de aprovechar el litio o el cobre para un futuro más verde. El argumento suena moderno, pero es el mismo de siempre: habilitar la extracción en áreas que deberían permanecer protegidas.
Organizaciones ambientales advierten que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ofrece beneficios extraordinarios a las corporaciones mineras. Y esa puerta abierta aumenta la presión sobre los glaciares. Pía Marchegiani, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, ve en esto una contradicción enorme. Dice que se quiere destruir los ecosistemas que justamente ayudan a estabilizar el clima. Recuerda, además, que la ley tuvo apoyo científico y social desde el principio, y que en estos quince años la evidencia solo reforzó su razón de ser. Los glaciares no son una postal ni un obstáculo económico: son reguladores de agua, de temperatura y de equilibrio planetario.
La voz de las comunidades
En los territorios, las comunidades llevan la cuenta del incumplimiento. Saben cuándo la ley se respeta y cuándo no. La Asamblea Jáchal No Se Toca insiste desde hace años en que los controles son débiles. Lo dicen con conocimiento propio: hace una década, un derrame de cianuro y mercurio en la mina Veladero contaminó la cuenca del río Jáchal. Diez años después, los rastros del desastre siguen ahí.
Su referente, Saúl Zeballos, lo repite en cada espacio donde puede hablar. Recuerda que el juez Sebastián Casanello envió a juicio al exsecretario de Ambiente Juan José Mussi y al exdirector del IANIGLA Ricardo Villalba. Ambos fueron acusados de haber elaborado un documento contrario a la ley que dejó fuera del inventario oficial varios cuerpos de hielo en la cordillera sanjuanina, donde opera Barrick Gold. Según la resolución judicial, esa omisión afectó derechos humanos básicos, entre ellos el de vivir en un ambiente sano y tener acceso al agua. Para Jáchal, no es una discusión técnica: es la diferencia entre seguir existiendo o desaparecer.
Defensa que depende de la voluntad política
Hoy, proteger la Ley de Glaciares es mucho más que una cuestión jurídica. Es un acto de supervivencia colectiva. Especialistas y activistas coinciden en que el desafío no pasa solo por mantener el texto de la norma, sino por hacerla cumplir. Piden reforzar los controles, garantizar presupuestos estables y mantener actualizado el inventario nacional. También reclaman que la información sea pública, transparente, y que se respete lo establecido por el Acuerdo de Escazú.
La ley no protege únicamente el hielo. Asegura un derecho humano básico: el acceso al agua. En tiempos de sequías, incendios y deshielos acelerados, esa garantía vale tanto como cualquier otra conquista civil. Quince años después, la norma se mantiene en pie, aunque rodeada de presiones. Cumplirla, dicen los ambientalistas, no es una opción. Es una obligación con quienes vendrán.
Rossi Serra suele sintetizarlo con una frase que no necesita énfasis: modificar la Ley de Glaciares sería poner en riesgo el agua de millones de personas. Y lo que está en riesgo, aunque muchos prefieran no decirlo, es la vida misma.
