Greenpeace denuncia la ilegalidad del desmonte de bosques en Chaco

El nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Chaco, aprobado por los legisladores a fines de abril, ha generado una gran controversia entre los defensores del medioambiente nacional. Organizaciones ambientalistas como Greenpeace Argentina han denunciado que se trata de una medida que viola los principios de no regresión ambiental establecidos en la Ley Nacional de Bosques Nativos (Ley 26331/2007) al permitir la legalización de desmontes en zonas que anteriormente se encontraban protegidas. 

Esta decisión, que fue tomada sin tener en cuenta la voz de las comunidades indígenas y campesinas del lugar, autorizará que se desforesten más de un millón de hectáreas de bosques nativos chaqueños, poniendo en riesgo ecosistemas vitales para la lucha contra el cambio climático y despojando de sus hábitats naturales a especies en peligro de extinción como el yaguareté.

Es por eso que la organización no gubernamental (ONG) ecologista, que desde 1971 trabaja para proteger al medioambiente, anunció que llevará esta denuncia ante el máximo tribunal del país (la Corte Suprema de Justicia de la Nación), que ya ha intervenido en casos anteriores para resguardar estos mismos territorios.

¿Por qué se trata de un retroceso en la protección de los bosques argentinos?

El nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Chaco no solo deja desprotegidas áreas críticas e invaluables, sino que además se da el lujo de violar leyes nacionales e internacionales. En medio de la crisis climática mundial que atraviesa el planeta, esta normativa va completamente en completamente en contra de las acciones necesarias para contrarrestar el cambio climático.

La nueva ley permite recategorizar áreas que anteriormente habían sido establecidas bajo la Categoría II o “amarillo” (es decir, que no permiten actividades que pongan en riesgo su integridad ecológica), a la Categoría III o “verde” (donde sí se permiten actividades productivas como la agricultura o la ganadería).

Esta modificación de categorías puede tener un impacto terrible en la conservación de la biodiversidad, ya que áreas previamente protegidas pasarán a ser desforestadas. Además, afecta directamente a corredores de conservación de especies autóctonas en peligro, como el emblemático yaguareté. 

La voz de los indígenas, otra vez desestimada

Tal vez uno de los aspectos más controvertidos de este nuevo ordenamiento tiene que ver con la falta de participación de los pueblos originarios en su elaboración. A pesar de que los tratados internacionales firmados por Argentina establecen la necesidad de consultas libres, previas e informadas con las comunidades indígenas que habitan las regiones en riesgo, este requisito fue ignorado por los legisladores. 

Lamentablemente esta no es la primera vez que esto sucede en América Latina, donde los pueblos indígenas suelen ser excluidos de las decisiones ambientales. Pero si realmente se quiere proteger el futuro de los bosques nativos, es imprescindible que el conocimiento ancestral que estas comunidades han heredado de generación en generación sea tenido en cuenta. 

La hipocresía de los compromisos asumidos

En 2022 durante la Cumbre Climática de Glasgow, Argentina firmó un compromiso internacional para alcanzar la deforestación cero antes del año 2030. Pero el nuevo ordenamiento atenta contra esta promesa y es una nueva muestra de la desidia de los líderes políticos argentinos hacia el medioambiente. 

Según datos oficiales, entre 2007 (año de la sanción de la Ley Nacional de Bosques) y 2022 se han desmontado casi ¡medio millón de hectáreas en la provincia de Chaco! Pero la situación ha ido a peor cada año, y solo en 2023 ya se han deforestado más de 57 mil hectáreas. Con la nueva ley, este número podría triplicarse. 

Es por eso que la decisión que tome la Corte Suprema, y las próximas determinaciones de los dirigentes nacionales serán cruciales para que el país realmente puede cumplir con sus compromisos ambientales y proteger sus valiosos ecosistemas. Solo queda ver si las autoridades están dispuestas a actuar en favor de la naturaleza, o si, por el contrario, seguirán persiguiendo el dinero.

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