Tras la intoxicación de más de un centenar de niños y niñas como resultado de la contaminación en Quintero y Puchuncaví, Greenpeace y AIDA presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, solicitando la paralización inmediata de las operaciones industriales y el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de 2019, que aún no ha sido acatada.
El hecho ocurrió el 29 de septiembre de 2025, cuando fuertes olores a gas y cloro coincidieron con operaciones de carga y descarga de hidrocarburos en la bahía de Quintero, provocando el ingreso de 127 personas a recintos de salud por cefaleas, vómitos, dolor abdominal, irritación ocular y mareos.
La mayoría de los afectados eran estudiantes y docentes, y el número continuó creciendo en los días siguientes, llegando ¡casi a 200 personas! Más de un centenar fue diagnosticado con intoxicación T59, clasificada internacionalmente por exposición a gases, humos y vapores. Esta clase de intoxicaciones afectan especialmente a niñas, niños y adolescentes, lo que aumenta la preocupación por la vulneración de derechos fundamentales como la salud, la integridad física y el acceso a un medioambiente libre de contaminación.
Lamentablemente, no se trata de situaciones aisladas, sino que son parte de un patrón sistemático de exposición a contaminantes en una región históricamente afectada por el complejo industrial. La comunidad local continúa viviendo con temor y estrés, sin garantías claras de que se eviten nuevas intoxicaciones.
Recurso de protección contra la contaminación
El 8 de noviembre de 2025, abogadas de AIDA y Greenpeace interpusieron un recurso de protección en representación de menores de edad, sus familias y organizaciones locales, dirigido a instituciones y organismos estatales responsables de la gestión ambiental y sanitaria en Quintero y Puchuncaví. La acción busca garantizar que ante cada caso de intoxicación, se frene de forma inmediata la actividad industrial y se implementen medidas de control efectivas.
Juan Francisco Zapata, abogado de AIDA, explica que los hechos vulneran derechos constitucionales de las personas afectadas, incluyendo el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y a vivir en un ambiente libre de contaminación. Para Zapata, la paralización de faenas industriales ante nuevos diagnósticos de intoxicación T59 es una medida mínima de protección frente a los riesgos existentes.
El recurso también destaca que la falta de cumplimiento de medidas previas ordenadas por la Corte Suprema en 2019 ha perpetuado la exposición a contaminantes. La persistencia de intoxicaciones en años posteriores demuestra que las autoridades aún no han implementado protocolos preventivos ni mecanismos de reparación integral, lo que genera un estado de vulnerabilidad continua para la población local.
¿Por qué no se ha cumplido con la resolución de la Corte Suprema de 2019?
En 2019, la Corte Suprema chilena ordenó la implementación de un conjunto de medidas preventivas, correctivas y de gestión ambiental y sanitaria para proteger a las comunidades de Quintero y Puchuncaví. Sin embargo, seis años después, estas instrucciones aún no se han acatado, y los episodios de intoxicación persisten con alarmante frecuencia, afectando a cientos de personas cada año.
Roxana Núñez, abogada de Greenpeace Chile, señala que esta omisión refleja un incumplimiento sistemático de las autoridades, dejando a la población en situación de riesgo constante y sin acceso a atención integral. Como el fallo no se ha ejecutado, muchos habitantes han comenzado a desconfiar, evitando acudir a los centros de salud por temor a recibir una atención insuficiente.
La abogada insiste en que es necesario establecer un protocolo claro que asegure la paralización inmediata de actividades industriales ante la aparición de síntomas de intoxicación, especialmente en menores de edad. Esta medida permitiría proteger la salud de la población y determinar con precisión las causas de cada episodio de contaminación.
¿Qué efectos provocan los contaminantes en la salud de niños y niñas?
Las exposiciones registradas en Quintero y Puchuncaví afectan sobre todo a niños y niñas, cuyo organismo es más vulnerable a las sustancias tóxicas presentes en el aire. La inhalación de compuestos como dióxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, material particulado fino y metales pesados puede provocar síntomas inmediatos, como náuseas, mareos, irritación de ojos y vómitos.
Pero más allá de los efectos agudos, los especialistas advierten que la exposición repetida a estos contaminantes compromete el desarrollo respiratorio y neurológico. El contacto constante con material particulado fino aumenta el riesgo de padecer asma, alergias persistentes y de que disminuya la función pulmonar. Además, la presencia de metales pesados en el ambiente está asociada a alteraciones cognitivas y problemas de aprendizaje, algo especialmente grave en edades en las que el cerebro se encuentra en plena formación.
Por este motivo, la ausencia de protocolos de seguimiento a largo plazo limita la capacidad del sistema de salud chileno para prevenir y tratar enfermedades relacionadas con la contaminación. Frente a estos riesgos, es necesario que haya controles más estrictos, que se reduzcan las emisiones y que se lleven a cabo políticas que prioricen la protección de la población infantil.
