En medio del ruido electoral, donde cada comando intenta fijar agenda a su modo, un grupo amplio de organizaciones ambientales puso sobre la mesa un documento que incomoda por su simpleza. Un Medioambiente Mal-Tratado, difundido por 12 entidades, entre ellas Greenpeace Chile, que ha seguido de cerca la falta de prioridad ambiental en la discusión pública, plantea algo que no debería parecer radical: sin reglas claras, sin estándares que no retrocedan y sin transparencia, la política ambiental queda en el aire. Lo preocupante es que, según señalan, la mayoría de los programas presidenciales actuales apenas rozan estos puntos.
Organizaciones ambientalistas exigen condiciones básicas
Es extraño, porque Chile sigue siendo uno de los países más vulnerables al cambio climático. No es solo un dato de expertos; se ve en la vida diaria, en la disponibilidad del agua, en los territorios saturados, en los conflictos que se arrastran hace décadas. Y pese a eso, la discusión de fondo se ha ido diluyendo entre promesas vagas. De ahí el llamado a establecer tres mínimos comunes, entendidos como un punto de partida. No como una agenda completa.
La declaración parte de un diagnóstico compartido: la protección ambiental no es un lujo ni un capricho ideológico. Se trata de condiciones básicas para asegurar calidad de vida, desarrollo económico y estabilidad social. La seguridad hídrica, la conservación de la biodiversidad, la transición energética justa y el derecho a un entorno sano forman una estructura que sostiene al país incluso cuando no se habla de ella. Esa idea aparece subrayada en el texto, que recuerda que la matriz productiva depende profundamente de los recursos naturales. O sea, ignorar el tema tiene un costo real.
Cuando retroceder no es opción
El primer compromiso exigido a las candidaturas es la no regresión. Esto no implica crear nuevas obligaciones, sino impedir que los estándares ya vigentes se debiliten. Incluye salud, biodiversidad, participación ciudadana y transparencia, cuatro áreas donde los retrocesos suelen llegar de forma silenciosa. Las organizaciones piden evaluaciones ambientales rigurosas, líneas base sólidas, alternativas reales y medidas capaces de verificarse. También mencionan la necesidad de reforzar capacidades técnicas y dotaciones en las instituciones encargadas de evaluar y fiscalizar. Un reclamo recurrente, pero que vuelve a aparecer porque todavía no se resuelve.
La ley como marco, no como traba
El segundo compromiso es el respeto a la legislación vigente y se apoya en un conjunto grande de normas. Algunas llevan años ratificadas, como el Acuerdo de París o Escazú; otras son más recientes, como la Ley Marco de Cambio Climático o la que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR). Se suma a esto el cumplimiento de normas de calidad y emisión, y un recordatorio bastante directo: los planes de descontaminación deben tener a la salud como eje, evitando nuevas cargas en territorios saturados. Y si hay incumplimientos, que existan sanciones reales.
Un país que necesita luz sobre sus decisiones
El tercer compromiso, la transparencia, suele ser el más mencionado y, sin embargo, el menos resuelto. Aquí se plantea algo muy concreto: información pública, técnica y relevante debe estar disponible de manera comprensible. No solo para monitorear al Estado, sino también a privados que operan sobre bienes comunes o mantienen acuerdos con instituciones públicas. En algunos territorios, decisiones críticas se han tomado históricamente con información fragmentada o difícil de consultar, lo cual impide a las comunidades participar de forma efectiva.
Plazos, indicadores y algo más que slogans
La declaración invita a los comandos a establecer un trabajo con metas claras. Benjamín Carvajal, de la ONG Uno Punto Cinco, lo resume en una idea: avanzar con evidencia y no con consignas. Su llamado apunta a definir plazos verificables, indicadores públicos y respuestas transparentes. Lo interesante es que no se pide una adhesión simbólica, sino un compromiso operativo, medible.
Un piso mínimo que tensiona a las candidaturas
Tal vez el elemento más incómodo del documento es su sencillez. Los tres compromisos operan como una prueba inmediata para las candidaturas: o los respaldan públicamente o explican por qué no. Y ese gesto, el de asumir un piso común, obliga a entrar en un terreno donde no todos quieren entrar. En un país que combina alta vulnerabilidad climática y una prolongada dependencia de sus ecosistemas, la omisión ya no pasa desapercibida.
