La Ley Yolanda, creada en 2020 en honor a la pionera ambientalista Yolanda Benjamina Ortiz, marcó un hito en la política medioambiental de Argentina y fue celebrada por las organizaciones ambientalistas a nivel nacional, como Greenpeace Argentina. Sin embargo, a pesar de su impulso inicial, la ley enfrenta ahora un estancamiento significativo bajo el mandato de Javier Milei, presidente que ha mostrado una postura escéptica frente al cambio climático. Los ambientalistas luchan para mantener vigente una norma que, si bien fue un avance, sigue siendo incompleta en su aplicación. Esta es la historia de un esfuerzo que aún persiste, a pesar de los retrocesos.
El origen de la ley Yolanda
Yolanda Benjamina Ortiz, nacida en 1926, fue una figura clave en la historia ambiental de Argentina. Su carrera comenzó en la empresa Shell, pero pronto se inclinó por el servicio público, siendo designada en 1973 como la primera secretaria de Ambiente del país. Durante su mandato, Ortiz defendió la idea de que los problemas ambientales estaban profundamente conectados con los problemas económicos. Fue una de las primeras en hablar de una “revolución mental” necesaria para mejorar la relación de la sociedad con la naturaleza. Su legado sigue vivo, siendo la inspiración detrás de la Ley Yolanda, que obligó a los funcionarios públicos a formarse en temas ambientales y de cambio climático.
El proceso hacia la creación de la ley
En 2015, con motivo del 90 cumpleaños de Ortiz, se fundó Eco House, una ONG inicialmente dedicada a la educación ambiental. Cuatro años después, esta organización detectó que la educación sobre el medio ambiente en Argentina era insuficiente. Según María Aguilar, directora de educación de Eco House, la organización percibió que, a pesar de los esfuerzos, “no se estaba haciendo nada real” en este campo. En reuniones con legisladores, la idea de exigir formación ambiental obligatoria para los funcionarios públicos comenzó a tomar forma. La legislación se desarrolló en un contexto de creciente apoyo, con el respaldo de universidades, ONG y activistas.
Impacto de la ley Yolanda
La Ley Yolanda fue finalmente aprobada en 2020, exigiendo que todos los funcionarios públicos recibieran formación en cuestiones ambientales. El texto de la ley se considera un “hito” no solo para Argentina, sino para el mundo entero, ya que es la primera ley de este tipo que se conoce. La ley busca que los temas ambientales sean considerados en la toma de decisiones gubernamentales, como lo explica la guía oficial de la ley. Aguilar destaca que la ley busca una educación amplia, no solo enfocada en los niños, sino en toda la sociedad. Según la directora de Eco House, “no podemos esperar a que los niños crezcan para generar un cambio”.
El reto de implementar la ley
Aunque la aprobación de la Ley Yolanda fue un logro importante, la implementación sigue siendo una tarea difícil. A pesar de que el gobierno comenzó una consulta para definir cómo llevarla a cabo, la participación de actores clave, como organizaciones agrarias y empresas petroleras, complicó el proceso. Eco House se dio cuenta de que el plan del gobierno, que consistía en videos y lecturas, era insuficiente. Entonces, desarrollaron un programa más interactivo y de mayor alcance, que finalmente fue validado por el gobierno. Sin embargo, las provincias implementaron la ley a su propio ritmo, con algunas adoptando medidas más ambiciosas que otras. Buenos Aires, por ejemplo, ofreció solo tres módulos de 45 minutos, una duración que Aguilar calificó como insuficiente.
La ley Yolanda ante la nueva administración
La llegada de Javier Milei a la presidencia en 2023 cambió drásticamente el panorama para la Ley Yolanda. Milei, conocido por sus posturas escépticas sobre el cambio climático y su inclinación hacia la desregulación ambiental, ha disminuido el impulso de la ley. Según Aguilar, desde la llegada de este nuevo gobierno, ha sido casi imposible obtener información actualizada sobre el estado de la ley. Aunque aún existe una página web sobre la ley, muchos de los detalles importantes han desaparecido. La ley ya no es promovida activamente, y el apoyo por parte del gobierno ha disminuido notablemente. Sin embargo, la formación de jueces y magistrados en temas ambientales sigue adelante, con más de 7,000 personas capacitadas hasta la fecha.
Dudas a futuro
El futuro de la Ley Yolanda está marcado por la incertidumbre. Mientras que algunas áreas del país continúan aplicando la ley de manera efectiva, la falta de seguimiento centralizado y el estancamiento político ponen en riesgo su implementación exitosa. La campaña por mantener viva la ley continúa, aunque muchos sienten que la lucha ha regresado a etapas más primitivas. Como dice Aguilar, “cuando surgió Milei, teníamos mucho miedo al futuro. Dimos muchos pasos atrás”. Sin embargo, la esperanza de que la Ley Yolanda pueda generar la “revolución mental” que Ortiz soñó sigue viva, aunque la situación actual requiere una renovación de esfuerzos y alianzas.
El 2019 trajo la pérdida de Yolanda Ortiz, pero su legado persiste. Aunque el camino para lograr una conciencia ambiental efectiva en el país aún es largo, los defensores de la ley mantienen la esperanza de que su visión continuará siendo una guía, incluso en tiempos de desafío.
