Las primeras lluvias del otoño aliviaron las áreas que habían sido quemadas por los incendios forestales. Sin embargo, también presentaron un nuevo inconveniente: la contaminación, así como las cenizas y metales que el agua transporta hacia embalses, ríos y acuíferos.
Más de novecientas mil hectáreas de aguas subterráneas han sido dañadas por incendios en las dos últimas décadas, con un costo económico y medioambiental que ha sobrepasado los 43 millones de euros, según el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
Las zonas más vulnerables son las cuencas del Miño-Sil, Duero y Galicia Costa.
“Los incendios forestales son mucho más que llamas: su impacto continúa y pone en peligro ecosistemas fluviales y los acuíferos, que son reservas estratégicas de agua. El agua puede envenenarse durante años”, explicó Mónica Parrilla de Diego, responsable de Incendios de Greenpeace España.
Problemas ya visibles en varias regiones
En las comunidades más afectadas por el fuego este verano, como son Galicia, Extremadura y Castilla y León, actualmente se están presentando problemas de turbidez, congestión en captaciones y limitaciones de consumo. Las administraciones están discutiendo sobre las competencias, mientras que los ríos de áreas como Valdeorras o Sanabria se oscurecieron después de la lluvia y los gobiernos locales exigen acciones inmediatas.
“La emergencia no concluye cuando se extinguen los incendios. “Estamos sembrando nuevas crisis sociales y ecológicas si no se llevan a cabo acciones después de un incendio para estabilizar el terreno y proteger los recursos hídricos”, alertó Parrilla. “Es imprescindible que las administraciones impidan que las cenizas lleguen a los ríos y áreas de captación, ya que pueden dificultar la potabilización del agua”, añadió.
Más de 350.000 hectáreas quemadas en 2025
Hasta octubre de 2023, ha habido en España 62 incendios forestales importantes que han quemado más de 353.000 hectáreas. Greenpeace alerta que, de no actuar con prontitud, las consecuencias para la calidad del agua podrían llegar a ser uno de los mayores perjuicios ecológicos del año.
En ciertas áreas, la respuesta a nivel local fue más temprana que la estatal. Las tomas de agua en la comarca de Valdeorras se vieron afectadas por el lodo y las cenizas, lo que causó limitaciones en el consumo. La Xunta fue acusada por varios alcaldes de no actuar mientras que los vecinos y municipios levantaban diques y barreras improvisadas para detener el material arrastrado.
En Ponferrada, el gobierno municipal implementó proyectos locales para salvaguardar sus ríos de las cenizas. En Extremadura, con el propósito de prever los impactos y fortalecer los equipos encargados de controlar la calidad antes de las lluvias, la Junta y la Diputación de Cáceres establecieron un comité técnico.
Los estudios realizados por el IGME alertan sobre la ausencia de información respecto a cómo los incendios cambian la escorrentía, la infiltración y la calidad del agua subterránea. Las políticas públicas indican, continúan enfocándose en los suelos y las aguas superficiales sin salvaguardar específicamente los acuíferos, que son reservas clave para afrontar el cambio climático.
