El mundo vive un momento de creciente preocupación por el deterioro del medioambiente, y América Latina no es la excepción. Sin embargo, muchos de quienes abogan por la protección de los ecosistemas han sufrido graves ataques a su integridad en los últimos años. Es por eso que el Acuerdo de Escazú cobra cada vez más importancia como una forma de brindar apoyo legal a los defensores del medioambiente latinoamericanos.
Este tratado, firmado en la ciudad costarricense que lleva su mismo nombre en el año 2018, entró en vigor en 2021 y busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia, sin amenazas ni represalias, para quienes se manifiestan con el objetivo de defender al planeta Tierra y sus ecosistemas.
¿Por qué es tan importante el Acuerdo de Escazú para la defensa del medioambiente?
Ya no quedan dudas de que el cambio climático está teniendo efectos devastadores en América Latina y el mundo. Catástrofes ambientales como la sucedida recientemente en Brasil son provocadas por el aumento del nivel del mar como consecuencia de la crisis climática mundial. A esto se suman otros fenómenos climáticos extremos como sequías e incendios forestales, que ponen en riesgo no solo al medioambiente, sino también a las vidas de las comunidades latinoamericanas.
Ante esta realidad, el Acuerdo de Escazú, ratificado en la 3ra Conferencia de las Partes (COP3) llevada a cabo a fines de abril en la ciudad de Santiago, es una herramienta que permitirá a los ciudadanos de todo el continente participar en la toma de decisiones sobre la gestión ambiental y exigir a sus gobiernos medidas efectivas para enfrentar la crisis climática, sin miedo a sufrir represalias.
Criminalización de los defensores del medioambiente
De acuerdo con datos provistos por la organización de derechos humanos Front Line Defenders, los líderes de la lucha contra la contaminación, el cambio climático, la minería a cielo abierto, la deforestación ilegal y muchos otros atentados contra la naturaleza son constantemente perseguidos. La criminalización es el tercer modo de ataque más común, solo superado por la violencia física y los asesinatos.
Solo en 2021, hubo más de 156 defensores ambientales que enfrentaron procesos judiciales en países como Colombia, México, Ecuador y Perú, como represalia por sus acciones para denunciar los daños al medioambiente provocado por empresas mineras, forestales o agrícolas. Entre los delitos más comunes de los que son acusados, se destacan los disturbios, la obstrucción de las vías públicas y el sabotaje.
El Acuerdo de Escazú, una luz de esperanza para los ecologistas
Sin organizaciones ambientalistas y activistas como los miembros de Greenpeace o The Nature Conservancy proteger al planeta del avance de quienes buscan llenarse los bolsillos a costa de su destrucción sería imposible. Pero a pesar de su valentía y compromiso, su labor se ve constantemente amenazada.
El Acuerdo de Escazú busca poner fin a esta situación, estableciendo mecanismos para protegerlos y garantizar su derecho a defender el planeta sin temor a represalias. Por lo general, las judicializaciones buscan amedrentar a los líderes de los movimientos ambientalistas. Su objetivo es agotarlos, estigmatizarlos y, en muchos casos, llevarlos a la ruina financiera para que desistan de sus acciones.
COP3, una ocasión para resaltar las luchas ambientales más importantes del momento
El encuentro en Santiago no solo sirvió para reafirmar el compromiso de los países firmantes del tratado con la defensa de los ecologistas, sino que permitió recordar algunas de las amenazas que enfrenta el medioambiente latinoamericano ahora mismo. En primer lugar, la sobreexplotación de los recursos naturales como el agua, los minerales y los bosques.
No menos importantes son los proyectos mineros y petroleros que ponen en riesgo la biodiversidad y la seguridad de comunidades indígenas. La gran mayoría de ellos se realizan sin el consentimiento de los habitantes de la región, generando graves impactos ambientales y sociales. El Acuerdo de Escazú garantiza el derecho de los pueblos originarios a participar en la toma de decisiones sobre proyectos que afectan su territorio y sus recursos naturales.
Hasta el momento, el este acuerdo regional sobre asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, ha sido firmado por 24 países. Pero si realmente se quiere proteger al planeta, es necesario que muchas más naciones de la región sumen su granito de arena para garantizar la justicia ambiental y la seguridad de quienes dedican su vida a cuidar la Tierra.
