El proyecto urbanístico Los Maitines S.A. está decidido a llevar adelante el desmonte de la Selva de Yungas salteña ubicada en la pintoresca localidad de Villa San Lorenzo. ¿Para qué quieren acabar con este ecosistema tan importante para la biodiversidad del país? Para construir un exclusivo emprendimiento inmobiliario. En criollo, planean destrozar 125 hectáreas de bosques nativos para hacer un country.
Ante esta injusticia, la organización ambientalista Greenpeace, junto a representantes de la Universidad Nacional de Salta y varios vecinos de la zona han manifestado su repudio a la iniciativa impulsada por la empresa de la ambiciosa familia Patrón Costa.
El impacto del desmonte ilegal en la biodiversidad de las Yungas
La Selva de Yungas sirve de hogar para cientos de variedades de animales y plantas. Además, este ecosistema desempeña un rol vital para la zona, no solo como pulmón verde, sino como principal proveedor del agua que se utiliza en la región. Por estos motivos, su destrucción podría tener consecuencias devastadoras para toda la provincia.
Este ecosistema alberga mamíferos como el zorro gris y el gato montés, aves como el carpintero lomo blanco, el picaflor cometa, el zorzal colorado o el tucán. Además, allí se desarrollan árboles como el ceibo, el horco molle, el chal chal o el nogal. Estas especies no solo conforman el paisaje de la zona, sino que también son parte del patrimonio natural argentino.
¿Cuál es el conflicto legal?
La abogada Fernanda Guillén, representante legal del grupo de vecinos preocupados por la pérdida de esta zona vital, advierte que existe una contradicción entre la ley provincial, que permitiría urbanizaciones en zonas categorizadas como amarilla y roja, y la Ley Nacional de Bosques, que prohíbe los desmontes en bosques nativos de dichas categorías.
La Selva de Yungas, está catalogada como Amarilla por la ley nacional 26.331. Es por eso que la Doctora Guillén considera que si el proyecto es autorizado por la Secretaría de Medioambiente de Salta y la Municipalidad de San Lorenzo, se estaría incurriendo en una inconstitucionalidad, ya que la jerarquía de la Ley Nacional debería imponerse ante un artículo provincial.
Greenpeace, por su parte, va más allá al denunciar la violación de la Ley Nacional y acusar al gobierno salteño de cómplice en este crimen ambiental. Su coordinadora de la campaña para proteger a los Bosques Nativos, Noemí Cruz, ha dejado en claro que si este emprendimiento se consiente, sentará las bases para que los bosques argentinos puedan ser arrasados sin ninguna protección legal.
La polémica por los peritos
A principios de noviembre, el perito ambiental nombrado por la Jueza María Guadalupe Villagrán, Pablo Campos, presentó sus evaluaciones sobre el proyecto. Sus resultados contrastan notablemente con los realizados por los especialistas de la Universidad Nacional de Tucumán, solicitados por Greenpeace.
La principal discusión tiene que ver con si el área en cuestión es o no un bosque secundario. Pero además, hay diferencias abismales en la valoración de la gestión ambiental del desarrollo inmobiliario Los Maitines S.A. Para Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, queda claro que este proyecto no busca un desarrollo sostenible de la región, sino la sustitución de la selva natural por una urbanización.
Para el ingeniero y docente de la Universidad Nacional de Salta, Pablo Campos, la zona no se encuentra en una reserva natural. Sin embargo, más allá de sus declaraciones sobre la legalidad del proyecto, es importante señalar que la Ley Nacional de Bosques establece la preservación del 80% de la vegetación en las zonas categorizadas como Amarillas y Rojas.
La contradicción entre la postura de Campos y las disposiciones legales demuestra que si realmente se quiere proteger la biodiversidad de estos ecosistemas, es necesario realizar una evaluación imparcial de la urbanización para determinar si cumple o no con las normativas ambientales. El equilibrio ecológico de la provincia y el país dependen de que las leyes existentes se respeten y de que los inescrupulosos no quieran aprovecharse de vericuetos legales para destruir los ecosistemas.
