América Latina vive una contradicción que se repite año tras año: es el lugar donde más personas son asesinadas por defender el ambiente y, al mismo tiempo, la región que impulsó el único tratado en el mundo destinado a protegerlas. Con la COP30 a celebrarse en 2025 en Belém do Pará, corazón de la Amazonía brasileña, la mirada internacional vuelve sobre esa paradoja. El encuentro representa más que una cumbre climática: puede ser la ocasión en que los gobiernos latinoamericanos transformen las declaraciones de buena voluntad en compromisos verificables. En otras palabras, el momento de demostrar que el Acuerdo de Escazú puede pasar de los papeles a la realidad, algo que las organizaciones ambientalistas del mundo, como Greenpeace, vienen exigiendo desde hace tiempo.
Una violencia estructural que se repite en el territorio
Los datos más recientes de la organización Global Witness revelan una dimensión alarmante: en 2023 fueron asesinados al menos 196 defensores ambientales en el mundo, y el 85 % de los casos ocurrió en América Latina. Colombia encabeza la lista con 79 víctimas, seguida por Brasil, México y Honduras. Detrás de cada número hay historias atravesadas por la impunidad, el miedo y la resistencia. La mayoría de las veces no se trata solo de asesinatos, sino de una trama sostenida de amenazas, criminalización judicial, campañas de desprestigio y violencia sexual, en especial contra mujeres que defienden territorios ancestrales. Aun así, muchas de ellas se han convertido en referentes globales: Berta Cáceres en Honduras, Francia Márquez en Colombia, Nemonte Nenquimo en Ecuador, Máxima Acuña en Perú. Nombres que resisten al olvido y que recuerdan que el activismo ambiental en la región implica, casi siempre, poner el cuerpo en riesgo.
Pará, el corazón amazónico que simboliza la contradicción
Que la COP30 se realice en el estado de Pará tiene un valor simbólico difícil de ignorar. Allí, en pleno norte de Brasil, se concentran algunos de los conflictos más violentos por el control de la tierra y los recursos naturales. De acuerdo con la Comisión Pastoral de la Tierra, entre 1985 y 2023 fueron asesinadas al menos 612 personas en disputas territoriales. Solo en los últimos dos años, Justicia Global y Terra de Direitos documentaron 55 homicidios y casi un centenar de intentos de asesinato, la mayoría contra líderes indígenas, quilombolas y campesinos. Ocho de cada diez casos están directamente relacionados con la defensa de bosques o ríos frente al avance de la minería, la tala y el agronegocio. Pará, sede de una cumbre mundial por el clima, es también el espejo donde se refleja el costo humano de ese mismo modelo económico que destruye el ambiente.
Escazú, un tratado que busca garantizar derechos antes que promesas
El Acuerdo de Escazú nació en 2018 como el primer instrumento jurídico de América Latina y el Caribe orientado a garantizar tres pilares fundamentales: el acceso a la información ambiental, la participación pública en las decisiones que afecten el territorio y la posibilidad de acceder a la justicia en temas ambientales. Pero su rasgo más innovador está en el artículo 9, que obliga a los Estados a proteger a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Desde su entrada en vigor en 2021, diecisiete países lo han ratificado, aunque muchos todavía no aplican sus mecanismos de forma efectiva. La gran incógnita es si Brasil —una de las economías más grandes de la región y uno de los países más peligrosos para el activismo ambiental— asumirá el liderazgo ratificando el tratado antes de la COP. No se trata solo de una decisión política: sería una señal ética hacia los países vecinos y hacia las comunidades que esperan que la justicia ambiental deje de ser una consigna.
COP30 Brasil, ante la posibilidad de marcar el rumbo regional
En 2024, la ministra de Medio Ambiente Marina Silva advirtió durante un encuentro académico en Río de Janeiro que “ya discutimos presupuestos, ya postergamos; ahora es momento de implementar”. Su mensaje fue leído como un llamado a la acción tanto hacia el gobierno brasileño como hacia el resto de los Estados latinoamericanos. Brasil, que será anfitrión de la próxima COP y custodio del bioma amazónico, tiene la oportunidad de demostrar coherencia entre su discurso ambiental y sus políticas internas. Las empresas también están bajo observación. El fondo soberano de Noruega, por ejemplo, recomendó excluir de sus inversiones a la compañía Prosegur tras denuncias sobre su presunta implicación en hechos de violencia contra pueblos indígenas en Brasil. Estas decisiones apuntan a una cuestión de fondo: la responsabilidad ambiental y social ya no es solo un asunto de los Estados, sino también del sector privado que opera en sus territorios.
Una democracia ambiental como condición de futuro
La COP30 en Belém no será una reunión más dentro del calendario climático. Será la primera que se realice en el corazón de la Amazonía, donde el cambio climático deja de ser una abstracción y se vuelve experiencia cotidiana. En ese escenario, hablar de “democracia ambiental” no es un gesto retórico: es una necesidad. Las políticas climáticas que se discutan solo tendrán legitimidad si incorporan la voz de quienes viven en los territorios afectados —mujeres rurales, pueblos originarios, comunidades quilombolas, juventudes amazónicas— y si se garantiza su seguridad. El Acuerdo de Escazú propone justamente ese modelo de participación y protección. Ratificarlo, financiarlo y aplicarlo con mecanismos de control ciudadano no es un gesto diplomático: es el camino para conectar justicia social y justicia climática. Si algo puede nacer de esta COP en el Amazonas, es la posibilidad de un pacto que ponga la vida por encima del extractivismo y el miedo.
