La reacción represiva de un Gobierno no siempre se ajusta a la frustración que una acción sancionada genera en los ciudadanos. La organización Just Stop Oil ha declarado que en abril concluirá su intensa campaña contra los combustibles fósiles, la cual ha llevado a cabo durante los últimos tres años, utilizando tanto bloqueos de calles como protestas contra obras de arte.
Sus activistas afirman que es un logro que el nuevo Gobierno laborista del Reino Unido haya decidido prohibir de manera permanente la búsqueda de gas o petróleo en el Mar del Norte, en contraste con la decisión del anterior Gobierno conservador. “La petición inicial de Just Stop Oil para detener los nuevos yacimientos de gas y petróleo es ahora política gubernamental, lo que convierte nuestra campaña de resistencia civil en una de las más exitosas de la historia reciente”, afirma la organización en el comunicado que anuncia el cierre de su estrategia.
“Hemos impedido que 4.400 millones de barriles lleguen a la superficie, mientras que los tribunales han declarado ilegales las nuevas licencias de exploración”, agregan. Sin embargo, el éxito que afirman no es tan claro, y las reacciones del público respecto a las acciones de boicot han sido mixtas, en algunos casos contradiciendo lo que se buscaba y en otros resultando perjudiciales.
De todas las manifestaciones realizadas por los activistas, los actos de vandalismo contra obras de arte generan, junto con las interrupciones de tráfico, el mayor descontento entre la población. Según una encuesta de YouGov realizada a finales del año anterior, el 89% de los encuestados consideró inaceptable (un 79% lo describieron como “totalmente inaceptable”) la idea de lanzar sopa de lata contra una pintura. Sin embargo, la mayoría de la sociedad no coincide con la reacción penal de algunos gobiernos, que ha llevado a un aumento excesivo de las penas de prisión para los activistas. Los girasoles de Van Gogh En octubre de 2022, Phoebe Plummer y Anna Holland, que tienen 22 años, arrojaron el contenido de una lata de sopa de tomate sobre Los Girasoles de Van Gogh en la National Gallery de Londres (hay 11 pinturas de este artista neerlandés repartidas por todo el mundo con su famoso tema). Después, se pegaron las manos a la pared del museo. A penas dos años después, un juez decidió que las dos mujeres debían ir a prisión, tras el veredicto de un jurado. “Estáis firmemente convencidas de vuestras creencias, pero eso no les da derecho a cometer delitos cuando lo deseen”, les dijo el juez Christopher Hehir a las activistas mientras les comunicaba la sentencia. Ese mismo magistrado había previamente sentenciado a cinco años de cárcel a Roger Hallam, uno de los creadores de Just Stop Oil y de otra entidad que lucha contra el cambio climático, Extinction Rebellion.
Además de Hallam, otros cuatro activistas también fueron encarcelados. Su protesta en la carretera de circunvalación de Londres, la M25, en noviembre de 2022, causó un retraso de 50.000 horas, afectando a más de 700.000 vehículos. “Varios políticos importantes y algunos medios de comunicación han movilizado a la opinión pública para respaldar castigos más severos contra los activistas. Sin embargo, nuestros estudios han mostrado que la mayoría de las personas no piensa que las condenas a prisión sean necesarias. Quizás esto se deba a que comprenden que la desobediencia civil es relevante en las democracias liberales”, afirma Oscar Berglund, docente de Política Social e Internacional en la Universidad de Bristol, quien ha publicado un análisis continuo sobre cómo la gente percibe el activismo ambiental.
“Se concluyeron las protestas con sopas contra las obras de Van Gogh, los sacos de harina contra Stonehenge [(este monumento es un símbolo emblemático en Inglaterra y fue cubierto con un polvo anaranjado en junio pasado)] o la perturbación del tráfico mediante marchas lentas. Sin embargo, aún continúan los juicios, las pulseras electrónicas, la vigilancia [de los activistas], las multas, las medidas cautelares y las penas de prisión”, lamenta Just Stop Oil en su declaración.
Desde 2019, más de 7.000 activistas han sido detenidos solo en el Reino Unido, según datos de Global Witness. La gran mayoría de ellos forma parte de Extinction Rebellion o Just Stop Oil, los dos grupos que se han destacado recientemente por sus actividades de denuncia sobre el cambio climático. Dos leyes que fueron aprobadas por gobiernos conservadores, las cuales el nuevo Ejecutivo laborista no ha intentado modificar, son la Ley de Orden Público de 2023 y la Ley de Tribunales y Condenas de 2022, que ampliaron considerablemente los poderes de la policía para enfrentar la acción de los nuevos activistas. Por ejemplo, la práctica de encadenarse con candados a un lugar público para dificultar el desalojo y detener la protesta ahora se castiga con penas de hasta 12 meses de prisión, en lugar de una posible multa.
