Activistas de Greenpeace tomaron medidas en la entrada de la estancia Monterrey, cercana al Parque Nacional Copo, renombrándola como “Parque Nacional El Desmonte”.
En junio de este año, el gobierno chaqueño anunció con bombos y platillos una serie de medidas para luchar contra el desmonte ilegal y proteger los bosques nativos. Entre estas nuevas disposiciones se destacaban un aumento de las multas ¡al doble de su valor! Esto quiere decir que por cada hectárea de bosque deforestado, las empresas o los particulares responsables deben abonar la irrisoria suma de 3 mil dólares.
¿Cuál fue el resultado de esta nueva estrategia de protección ambiental? Quienes llevan a cabo estas prácticas que atentan contra el ecosistema y la vida de todo el planeta, ahora suman esos valores a sus costos de producción. En definitiva, siempre que haya recursos económicos, las leyes pueden romperse con impunidad.
El desmonte ilegal en el Parque Nacional El Desmonte
Un claro ejemplo de cómo la ley se viola con facilidad a cambio de dinero se dio recientemente en la provincia de Chaco. Donde los dueños de la finca Monterrey, ubicada entre el Parque Nacional El Copo y la Reserva Provincial La Pirámide, permitieron el desmonte ilegal de más de 1800 hectáreas de bosques nativos.
Juan Antonio Aloi y Marcela Silvia Bortolini son dos empresarios agropecuarios de la provincia de Buenos Aires que no tuvieron reparos en incrementar sus costos productivos en más de 5 millones de dólares. Seguramente las ganancias provenientes de sembrar soja en donde antes había un ecosistema natural protegido por la Ley de Bosques compensen esa inversión.
Ante la desidia de las autoridades chaqueñas, un grupo de conservacionistas perteneciente a la organización internacional Greenpeace decidió realizar una irónica manifestación en la finca. Durante algunas horas, la entrada de la misma lució un cartel que la transformó en el “Parque Nacional El Desmonte”. De esta forma, los activistas buscaron denunciar la tala ilegal de árboles y recordar a la sociedad el devastador efecto que estas actividades pueden tener no solo en la Argentina, sino en todo el planeta.
Los efectos de la deforestación
La actividad humana en los ecosistemas forestales de la región del Gran Chaco ya ha acabado con más de 50 mil hectáreas de bosques nativos en solo 6 meses. En un caótico contexto mundial de calentamiento global, la deforestación provoca un incremento de los efectos más temidos del cambio climático: sequías, inundaciones, pérdida de alimentos y desaparición de especies.
Los bosques son los encargados de absorber el de dióxido de carbono (CO2) generado por las actividades humanas como las industrias, el transporte o la ganadería. A su vez, generan oxígeno que devuelven a la atmósfera y funcionan como santuarios de la biodiversidad, ya que en ellos conviven cientos de especies animales y vegetales.
Pero la complicidad de las autoridades chaqueñas en el caso de la finca Monterrey es una nueva muestra más de cómo los intereses económicos se ponen por delante de la preservación de los ecosistemas naturales. Por eso es necesario que las penas por esta clase de actos no sean sólo económicas, sino que haya condenas penales para los responsables y sus facilitadores.
Chaco, campeón nacional de los desmontes ilegales
Actualmente, la provincia de Chaco lidera la lista de las regiones con más desmontes ilegales del país. Solo durante el primer semestre de 2023 se han perdido más de 24 mil hectáreas de bosques protegidos. Este récord se vuelve todavía más terrible si se tiene en cuenta que, desde fines de 2020 los desmontes están completamente prohibidos por el gobierno provincial.
Pero a pesar de que las autoridades cuentan con recursos y personal dedicado específicamente a controlar que no se produzcan talas o quemas forestales, las topadoras no se detienen. Y los beneficios económicos derivados de la agricultura y la ganadería (principales impulsores de los desmontes ilegales) parecen ser suficientes para desoír las leyes vigentes.
La transformación simbólica del “Parque Nacional El Desmonte” es un grito de socorro que busca que toda la población argentina intervenga para proteger los bosques nativos. La ciudadanía tiene un rol importantísimo y sus demandas deben ser escuchadas por los políticos a cargo de cuidar los recursos naturales del país. Solo así se logrará detener la impunidad que impera ahora mismo y conservar los ecosistemas forestales.
