En el Tratado Global de Plásticos se discute un problema que mezcla contaminación, clima y salud pública, y que requiere decisiones medibles. En el centro del debate está una meta ambiciosa: recortar la producción mundial de plásticos en un 75% para 2040. Mientras eso se conversa, hay señales de freno. Determinados intereses empresariales y la postura de algunos Estados, que priorizan sus modelos económicos, están dilatando un acuerdo que muchos actores consideran urgente. En ese tablero, Colombia ganó protagonismo por la vía diplomática y por propuestas que miran todo el ciclo de vida del material, desde su diseño hasta su fin.
Una meta que define el tono de la negociación
La discusión no se limita a más reciclaje o mejores sistemas de recolección. La propuesta que marca el pulso de las conversaciones apunta a la raíz: producir menos. La cifra que circula como referencia —una reducción del 75% para 2040— fija un horizonte concreto y obliga a pensar en cambios a escala industrial. No se trata solo de tratar residuos, sino de evitar que se generen. En este punto, las delegaciones que piden un tratado fuerte remarcan que el texto debe ser claro y verificable, con obligaciones que no puedan diluirse. Otras posiciones empujan un enfoque centrado en la gestión posterior al consumo. La tensión entre estos dos enfoques explica parte de la lentitud y de los cruces políticos que acompañan la negociación.
El papel de Colombia en un escenario con resistencias
Colombia fue ubicándose entre los países que empujan soluciones integrales. Su cancillería y los equipos técnicos promovieron espacios de coordinación regional y presentaron ideas que cubren todo el ciclo de vida del plástico. Ese trabajo le dio visibilidad en América Latina y también entre países del Sur Global. El liderazgo, de todos modos, no se sostiene solo con discursos. Mantener el rumbo implica elevar la ambición y trasladarla a la práctica, tanto en la mesa de negociación como en la implementación doméstica. En ese punto, la consistencia con su marco normativo suma. La Ley 2232, que establece la eliminación gradual de ciertos plásticos de un solo uso, funciona como respaldo interno del mensaje externo: si se pide recortar la oferta de materiales problemáticos, debe verse un camino similar puertas adentro.
Qué piden las organizaciones y por qué mencionan derechos humanos
Las organizaciones que siguen el proceso, entre ellas Greenpeace Colombia, insisten en que el texto final incorpore un objetivo de reducción de la producción en origen, con carácter vinculante. Plantean que un acuerdo limitado a gestionar residuos dejaría intacta la presión sobre ecosistemas y comunidades. También agregan un elemento transversal: enfoque de derechos humanos. ¿Por qué aparece en una negociación ambiental? Porque los impactos de la contaminación plástica no son solo biofísicos; afectan la salud, los medios de vida y la calidad del agua, con mayor peso en poblaciones vulnerables. Por eso, esta mirada reclama salvaguardas sociales, participación informada y transparencia en las decisiones, desde la definición de metas hasta su ejecución en territorio.
Ginebra como punto de inflexión para el Tratado Global de Plásticos
La ronda prevista para agosto en Ginebra fue señalada como un momento bisagra. Es la etapa en la que se espera cerrar un documento capaz de ordenar a los países alrededor de un plan común. En el campo diplomático, diez días de trabajo pueden ser mucho o muy poco, según la disposición a ceder y a fijar plazos reales. Delegaciones de múltiples regiones, observadores y equipos técnicos se preparan para revisar artículos línea por línea. La mirada puesta en la reducción de producción convivirá con propuestas sobre diseño seguro, medidas de transparencia en cadenas de suministro y mecanismos para financiar la transición. El margen para dejar asuntos clave para “más adelante” es cada vez menor, porque el volumen de plásticos que ingresa a la economía y se convierte en residuos no se ha frenado.
Qué puede diferenciar a Colombia si decide ir a fondo
Si Colombia mantiene el rol que viene ejerciendo, podría ayudar a acercar posiciones y a elevar el listón de la ambición. Hay varios frentes donde ese liderazgo puede hacerse visible: apoyar metas cuantificables de recorte en la oferta de polímeros problemáticos; defender que el tratado cubra todo el ciclo de vida de los plásticos; promover criterios de diseño que eviten sustancias peligrosas; y sostener indicadores que permitan medir avances sin ambigüedades. También se observa una oportunidad política: servir de puente entre países que comparten retos de desarrollo, pero que llegan con prioridades distintas. Convertirse en referencia regional no solo supone presentar textos, sino demostrar que es posible alinear la política interna —como la aplicación efectiva de la Ley 2232— con el mensaje que se lleva al plano internacional.
La discusión sobre quién frena y quién acelera
En paralelo, se escuchan quejas hacia los países que —según varias delegaciones y organizaciones— vienen trabando el cierre de un instrumento robusto. Se les reclama atender la evidencia científica y escuchar a las comunidades expuestas, así como a la juventud que demanda cambios estructurales. Esos señalamientos no buscan abrir una grieta nueva, sino destrabar un dilema de fondo: un tratado fuerte obliga a transformar cadenas productivas; uno débil posterga decisiones y mantiene la tendencia actual. En ese cruce, la presión pública pesa. Equipos de la sociedad civil, como los de Greenpeace Colombia que están en Ginebra con tareas de observación, documentan avances, registran retrocesos y piden mantener el nivel de exigencia.
Qué se juega para la región y para el Sur global
Para América Latina, un acuerdo con metas de reducción en origen y criterios de diseño seguro tendría impactos directos: menor dependencia de productos de un solo uso, menos costos de gestión en municipios, alivio en ríos y costas, y mejores condiciones para reconvertir sectores industriales. Para el Sur Global, además, supone corregir asimetrías: evitar que flujos de residuos se trasladen a países con capacidades limitadas y fortalecer la cooperación técnica y financiera para la transición. Colombia, por ubicación y por peso diplomático creciente en este expediente, está en condiciones de empujar esa visión. Si lo hace, no solo envía una señal a sus vecinos; también marca una ruta posible para otros bloques que buscan equilibrio entre desarrollo y protección ambiental.
