A mediados del mes de febrero, la Justicia Federal de Resistencia extendió por 6 meses la medida cautelar que prohíbe los desmontes en Chaco. Esta decisión responde a una causa iniciada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la organización ambientalista Greenpeace Argentina, que desde hace tiempo vienen denunciando la deforestación ilegal en la provincia.
En su último informe sobre deforestación, Greenpeace advirtió que Chaco fue la segunda provincia con más desmontes en todo el año 2024, con una pérdida de más de 40 mil hectáreas de bosque nativo, lo que representa una superficie similar a dos veces el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta medida llega en un momento crítico para los bosques del país, cuando a pesar de la Ley Nacional de Bosques, provincias como Chaco han sufrido desmontes sistemáticos como resultado de las acciones de empresarios sin escrúpulos. La expansión agrícola y ganadera viene avanzando sobre tierras protegidas por la ley y poniendo en riesgo a especies emblemáticas y en peligro de extinción, como el yaguareté.
La decisión judicial servirá para establecer un marco legal más estricto contra estas prácticas y todo es gracias al trabajo de las organizaciones ambientales, que durante el 2024 monitorearon los bosques mediante el uso de imágenes satelitales y pudieron comprobar las prácticas de desmonte ilegales.
Controles más estrictos para prevenir los desmontes
El fallo de la corte chaqueña también ordena que se implementen medidas más rigurosas para poner un verdadero freno a los desmontes ilegales en la provincia. La Dirección de Bosques del Chaco estará obligada a reforzar sus controles sobre el uso de maquinaria pesada, identificando si se desplazan, dónde se almacenan y quiénes son sus propietarios.
De este modo, será posible desarticular las operaciones ilegales antes de que ocurran. Cabe aclarar que la falta de fiscalización es uno de los principales desafíos en la lucha contra la deforestación. Esto se debe a que, en muchos casos, los desmontes ocurren en zonas alejadas, donde la detección se dificulta.
Por otro lado, la nueva disposición obliga a la provincia a presentar informes periódicos detallando las infracciones detectadas desde el mes de noviembre de 2024. Esto permitirá una supervisión más efectiva y transparente del cumplimiento de la medida cautelar.
Un gobierno de dos caras
Otro gran aporte de la decisión de la Justicia tiene que ver con que deja en evidencia la falta de compromiso del gobierno chaqueño con la protección de sus bosques nativos. Prueba de ello es que, desde noviembre de 2024, la Dirección de Bosques había dejado de enviar al juzgado y a la fiscalía los reportes sobre desmontes ilegales.
Este incumplimiento es una muestra de que, por un lado, existe un discurso oficial de cuidado del medioambiente. Pero en la realidad, existe una permisividad que hace la vista gorda mientras los empresarios se llenan los bolsillos en detrimento de los bosques. Y si bien Chacho es un ejemplo concreto de esta problemática, ninguna provincia del país estará a salvo mientras no existan penas más graves para los infractores.
Y aunque la resolución judicial obliga a las autoridades provinciales a actuar con mayor transparencia, sin un compromiso firme del gobierno provincial y nacional, cualquier medida legal corre el riesgo de convertirse en un simple freno temporal. Por este motivo, es necesario que la prohibición esté acompañada de políticas públicas que promuevan la restauración de los bosques y la protección de las áreas más vulnerables.
La destrucción del monte chaqueño en números
A pesar de la prohibición vigente, la deforestación en Chaco alcanzó niveles alarmantes en 2024. Las 41.718 hectáreas perdidas son una muestra de que ni siquiera la Ley de Bosques ha logrado detener el avance de los desmontes ilegales. Por eso es fundamental que el gobierno nacional respalde la ley y establezca sanciones más severas.
En localidades como Fuerte Esperanza y Taco Pozo, los intereses económicos han permitido que las prácticas ilegales continúen a pesar de la medida cautelar. Y en muchos casos las operaciones de tala son tan sofisticadas (por ejemplo, con desmontes progresivos para evitar que las imágenes satelitales los detecten), que continúan evadiendo los pocos controles que existen.
Por eso, a menos que se imponga una estrategia integral para conservar los bosques nativos, el avance de la frontera agropecuaria continuará. Y como ya viene sucediendo, esta práctica que prioriza la rentabilidad a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo seguirá poniendo en riesgo ecosistemas esenciales del país y desestabilizando sus climas y su biodiversidad.
