Los bosques nativos de Argentina atraviesan una situación crítica que, según Greenpeace, requiere una respuesta inmediata y decidida por parte del Estado. La organización ecologista volvió a encender las alarmas sobre la destrucción acelerada de estos ecosistemas, exigiendo una reforma legal que penalice los desmontes ilegales y los incendios forestales. Además, subrayó la urgencia de reforzar el presupuesto destinado a la protección forestal y a las tareas de control del fuego, elementos considerados fundamentales para evitar que la degradación ambiental avance sin control.
Impacto del fuego y el desmonte es devastador
Los datos oficiales sobre los incendios en la Patagonia muestran un panorama alarmante: en apenas dos meses, más de 50.000 hectáreas de bosques nativos fueron consumidas por las llamas. Esta superficie representa más del doble del tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Pero los incendios no son el único frente de amenaza. De acuerdo con el monitoreo por satélite que realiza Greenpeace, solo en lo que va de 2024 se han desmontado más de 150.000 hectáreas de bosque en el norte del país, evidenciando la magnitud de la deforestación que enfrenta el territorio nacional.
Estos datos ponen de manifiesto una pérdida alarmante de biodiversidad, suelo fértil y servicios ecosistémicos, en contextos cada vez más presionados por la crisis climática. La acumulación de estos fenómenos amenaza con empujar a muchas regiones hacia puntos de no retorno ambiental.
Una legislación más firme para proteger los bosques nativos
Hernán Giardini, quien coordina la campaña de bosques dentro de Greenpeace, expresó que abordar el problema de los incendios forestales exige un nivel de responsabilidad institucional acorde con la dimensión del problema. Según explicó, no se puede prescindir del conocimiento científico ni minimizar la influencia que tiene el calentamiento global en la recurrencia e intensidad de estos eventos extremos. Giardini enfatizó que solo con un compromiso real del Estado y con leyes eficaces se podrá evitar que la destrucción siga avanzando.
Además, consideró insuficiente limitarse a incrementar las penas contempladas en el actual delito de estrago. Para él, si la meta es verdaderamente proteger los bosques nativos, se debe avanzar hacia la penalización específica de los desmontes ilegales. Afirmó que en la actualidad estas prácticas superan en volumen a los desmontes legales, lo cual deja en evidencia la ineficacia del sistema vigente.
Una demanda histórica de penalización
Desde hace años, Greenpeace Argentina impulsa un pedido concreto para que la destrucción de bosques en propiedades privadas, ya sea mediante incendios provocados o el uso de maquinaria como topadoras, sea considerada un delito penal. Esta demanda busca que las acciones ilegales tengan consecuencias reales y no se reduzcan a sanciones administrativas de bajo impacto.
El enfoque de la organización pone el acento en la impunidad con la que muchos actores desmontan zonas protegidas o utilizan el fuego como herramienta para el cambio de uso del suelo, sabiendo que las consecuencias jurídicas serán mínimas. Para Greenpeace, establecer sanciones penales claras y efectivas representaría un cambio sustancial en la forma de abordar el delito ambiental.
Sistema de protección con recursos limitados
Otro de los puntos críticos señalados por Greenpeace Argentina es el escaso financiamiento con el que cuentan tanto los programas de protección de los bosques como el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Giardini subrayó que es imprescindible incrementar de manera sustancial los fondos destinados a estas áreas, ya que sin recursos no es posible implementar planes de prevención, monitoreo y respuesta ante incendios.
La falta de presupuesto compromete la capacidad operativa de los organismos responsables y reduce la eficacia de cualquier política de conservación que se pretenda ejecutar. En este contexto, el debilitamiento institucional actúa como un factor que agrava aún más la emergencia forestal que vive el país.
Una ley nacida del reclamo social
En 2007, la aprobación de la Ley de Bosques representó un hito en la historia ambiental del país. Esta normativa fue fruto de una movilización colectiva sin precedentes, que contó con el impulso de Greenpeace Argentina y la participación activa de más de un millón y medio de personas, así como de numerosas organizaciones de la sociedad civil. La ley surgió como respuesta a la presión popular ante la creciente deforestación, marcando un antes y un después en la política ambiental argentina.
Sin embargo, a pesar de su valor simbólico y normativo, la implementación de la ley ha estado marcada por limitaciones presupuestarias y fallas de control que permiten que la destrucción continúe. Greenpeace advierte que, a más de quince años de su sanción, el espíritu de esa legislación está en riesgo si no se acompaña con políticas públicas eficaces y con un enfoque punitivo ante las violaciones sistemáticas de la normativa.
La organización ambientalista insiste en que no basta con tener una ley si esta no se hace cumplir ni cuenta con el respaldo institucional y económico necesario. En un momento de creciente vulnerabilidad ambiental, Greenpeace exige que la protección de los bosques deje de ser una consigna simbólica y se convierta en una prioridad concreta de Estado.
