Espionaje a ambientalistas e indígenas: un ataque a la democracia argentina

Manifestación indígena en una avenida con personas sosteniendo un gran cartel que dice “BASTA DE VIOLÊNCIA”, acompañadas por líderes comunitarios con los brazos en alto.

Los ambientalistas son personas que brindan su tiempo y esfuerzo a proteger el planeta. Pero el recientemente anunciado Plan de Inteligencia Nacional, elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), atenta contra su libertad de expresión. Es por eso que miembros de organizaciones como Greenpeace Argentina o The Nature Conservancy, entre muchas otras, han manifestado su disconformidad con esta nueva medida antidemocrática. 

La iniciativa de la SIDE incluye la vigilancia de ecologistas, personas de pueblos originarios y activistas que promuevan el uso de energías renovables (como la solar o la eólica) o que se refieran al cambio climático (un problema que el presidente Javier Milei no reconoce a pesar de la amplia evidencia científica al respecto). 

Los documentos que salieron a la luz muestran que el plan apunta a “actores de interés” y a quienes puedan obstruir proyectos extractivos del Estado. Se trata de una vigilancia que no solo es ilegal, sino que crea un clima de miedo entre los ciudadanos, desalentando su participación en la protección del medioambiente. 

Esta estrategia pretende monitorear a aquellas personas capaces de influir en la opinión pública, pero no hace más que limitar la libertad de expresión y de acción de quienes defienden la naturaleza. Por este motivo, ya ha recibido denuncias de parte de organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos. 

La lucha de los ambientalistas en Argentina

Lamentablemente, estos ataques no son casos aislados. A lo largo de los últimos años, distintos activistas han sido hostigados, amenazados e incluso agredidos por cuestionar proyectos extractivos o la falta de políticas ambientales. Y con la llegada de las redes sociales, las amenazas se han trasladado al mundo virtual, donde funcionarios y seguidores del gobierno han intimidado a los ecologistas buscando evitar que compartan sus ideas. 

Por otro lado, en distintas provincias, diversos líderes locales han sufrido ataques y recibido amenazas relacionadas con su trabajo para proteger ríos, bosques y territorios pertenecientes a los pueblos originarios. La gran mayoría de las veces, estos ataques quedan impunes, dejando a los defensores del medioambiente expuestos a riesgos constantes. 

Queda claro que se trata de violencia sistemática ejercida por el propio gobierno para acallar a quienes piensan diferente y desalentar la participación de los ciudadanos en la protección de recursos naturales del país. Pero además, esta violencia envía un mensaje subliminal a toda la sociedad: cuestionar o fiscalizar al estado es peligroso. 

¿Cómo afecta la violencia a los activistas?

Además de desproteger a los ríos, bosques y humedales, las agresiones generan un clima de miedo constante que deja secuelas psicológicas sobre los activistas. Los síntomas más comunes son estrés, ansiedad y sensación de inseguridad. Pero además, se suele ejercer presión social y económica sobre los líderes ambientales para que los ecosistemas que mayor rédito económico pueden dar queden expuestos a la explotación ilegal.

Como resultado, no solo se degradan los hábitats naturales del país, sino también el tejido social. Por eso es importante que las organizaciones internacionales visibilicen esta situación, para proteger a los defensores del medioambiente y presionar al gobierno para que deje de amedrentarlos. 

Una nueva forma de perpetuar el negacionismo

Al monitorear activistas y comunidades, el gobierno ejerce un control ilegal que se suma a su total desinterés por la protección ambiental. La falta de investigaciones y sanciones frente a las agresiones en redes sociales es una clara evidencia de la impunidad con la que se manejan. 

El negacionismo climático y la ausencia de respuesta frente al espionaje y hostigamiento contra los activistas dejan completamente desprotegidos a los ecosistemas argentinos, además de atentar contra los derechos de quienes los defienden. Esta combinación de represión y desinterés por la crisis ambiental pone en riesgo no solo la naturaleza, sino también la participación democrática y la confianza en las instituciones.

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