Un estudio reveló que instalaciones en 19 estados vierten sustancias tóxicas en vías fluviales sin tecnologías para eliminarlas. Las comunidades quedan expuestas mientras las normativas siguen ausentes.
Un informe de Waterkeeper Alliance dejó a todos sorprendidos: en el 95 % de los sitios evaluados, las plantas de tratamiento de aguas residuales arrojaban nada más y nada menos que concentraciones elevadas de sustancias químicas PFAS aguas abajo. Cabe destacar que muchas de esas corrientes fluviales alimentan fuentes de consumo humano.
Según el estudio en cuestión, estas instalaciones —repartidas en 19 estados— no cuentan con sistemas adecuados para filtrar este tipo de compuestos, conocidos por su persistencia y por haber sido bautizados como “químicos eternos”. Una vez liberados, permanecen en el ambiente, acumulándose en el agua, el suelo y hasta en nuestros cuerpos.
Es importante mencionar que estas sustancias, mencionadas en la investigación de Waterkeeper Alliance, cuya presencia se detectó también en tierras de cultivo fertilizadas con biosólidos, están asociadas con enfermedades como cáncer, enfermedades hepáticas, complicaciones endocrinas y disfunciones inmunológicas. Así lo explicó Linda Birnbaum, una profesional del rubro que validó sus hallazgos. “No importa cómo entren al organismo. Se quedan”, enfatizó.
Por otro lado, el informe de Waterkeeper Alliance evidencia un vacío regulatorio que resulta más que preocupante en todo el país. ¿El motivo en cuestión? Ninguna de las 22 plantas analizadas aplicaba tecnología para eliminar PFAS. Y todas, salvo una, recibían descargas de usuarios industriales que operaban sin restricciones específicas.
Por este motivo, esta falta de regulación a nivel federal genera una competencia desleal y deja a las comunidades indefensas, advirtió Kelly Hunter Foster, abogada de la organización Waterkeeper Alliance.
En tanto, el informe identificó hasta 19 tipos distintos de PFAS en niveles elevados, muchos de los cuales no están contemplados dentro de las regulaciones actuales de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). De hecho, según Foster, “si no se buscan, no se encuentran”, dejando la puerta abierta a la proliferación de contaminantes invisibles.
En 2024, la administración Biden implementó límites nacionales para seis compuestos PFAS en el agua potable. Sin embargo, la administración Trump anunció en 2025 su intención de posponer o eliminar esas medidas, lo que ha generado una fuerte reacción por parte de organizaciones ambientales.
Según el estudio citado, la solución debe abordarse de forma integral: tratar los PFAS como una clase de compuestos, no de manera individual, y avanzar hacia su eliminación progresiva. Birnbaum fue contundente: “Tenemos que cerrar el grifo. Hay que dejar de fabricarlos”.
