Más de 60 habitantes de Luján, junto con dos organizaciones civiles, han recurrido la decisión del juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien ordenó la reanudación de las obras para la limpieza del Basural a Cielo Abierto (BCA) y la puesta en marcha del proyecto Centro Ambiental Luján (CAL).
El 21 de abril de 2023, el juez había impuesto una medida cautelar que detenía las obras debido a las quejas de los vecinos y las ONG que se manifestaban en contra de cómo se estaba llevando a cabo el proyecto. Sin embargo, el 20 del mes pasado, el mismo tribunal decidió anular esta medida y permitió que las obras se reanuden.
En el territorio del Municipio de Luján se encuentra el basural a cielo abierto más grande de Argentina, donde se desechan diariamente 120.000 kilos de basura. Los residuos, incluidos los peligrosos y patógenos, son quemados y, según afirman los vecinos, causan serios daños al medio ambiente y a la salud de la comunidad. Este lugar ha sido utilizado para la eliminación de desechos durante más de medio siglo. Durante la presidencia de Alberto Fernández, el gobierno nacional recibió un financiamiento de 18 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para limpiar el basural de Luján. En el proyecto, el gobierno contempló la creación del Centro Ambiental Luján (CAL), que sería una instalación para el tratamiento de residuos. La zona seleccionada había sido anteriormente parte de la estación de tren Sucre.
Varios residentes expresan su desacuerdo con el proyecto. Argumentan que las labores de limpieza prometidas para el basural de Luján nunca se llevaron a cabo. Como resultado, los problemas de salud y ambientales continuaron desarrollándose. También opinan que un sitio histórico se ha utilizado de forma “arbitraria” para el desecho de basura, que nunca podría reemplazar al basural actual por su tamaño.
En su reciente dictamen, el juez decidió “levantar la prohibición de innovar establecida en la medida cautelar del 21.4.23 (autos principales) en su parte pertinente, ordenando la continuación de las obras para el saneamiento del Basural a Cielo Abierto – Proyecto Centro Ambiental Luján CAL”.
La anulación de la medida cautelar se debió a la intervención de la Defensoría Pública de la Nación. Su directora, Verónica Vieito, sostuvo que los derechos de los vecinos, especialmente los del Barrio San Pedro, se vieron afectados desde que se detuvieron las labores y que su organismo los representa.
En respuesta a la decisión del juez, la asociación civil Nuevo Ambiente y más de 60 residentes impugnaron el levantamiento de la medida cautelar dentro de las 48 horas que establece la ley. Los demandantes argumentan que el juez, al dictar una medida “nula” por infringir la legislación, causó un “daño irreparable” al ordenar “el reinicio de la ejecución de estas obras”.
Gravedad
Viviana Novelle reside muy cerca del terreno ferroviario Sucre, donde se planea la instalación del CAL, y se encuentra a cuatro kilómetros del BCA. Es propietaria desde hace 22 años de Tallo Verde Orgánico, una huerta con certificación. “El juez revisó su propia decisión anterior. Solo la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la autoridad para evaluar un recurso así”, comentó.
“La situación es seria”, afirmaron desde Nuevo Ambiente, una ONG dedicada a la gestión de residuos sólidos urbanos que ha respaldado el reclamo de los vecinos de Luján durante varios meses. “Confiamos en que la Cámara de Apelaciones decida mantener la medida cautelar y frene las obras”, añadieron.
Sobre los desechos que siguen arrojándose en el BAC, Novelle expresó: “En la medida cautelar de 2023, el mismo Portocarrero Tezanos Pinto había ordenado que los residuos sólidos urbanos debían ser enviados a un lugar adecuado”. También mencionó: “Ahora ha cambiado la medida y permite que el 90% de la basura se siga arrojando sin control en el basural a cielo abierto”. Para ella y otros vecinos, es incomprensible que haya permitido nuevamente la contaminación. “Lo decidió a sabiendas de que existe una pericia oficial que él mismo solicitó, la cual indica que ese lugar no tolera ni en tamaño ni en peligrosidad un residuo más”.
Rescisión del contrato y abandono
Las obras se iniciaron en 2022, durante la administración de Leonardo Boto, el actual intendente de Luján. Los vecinos relatan que en ese entonces se contrató a una empresa para llevar a cabo los trabajos de saneamiento del BAC y el CAL, financiados con un crédito del BID de 18 millones de dólares. “Los impactos en la salud y el medio ambiente continuaron, lo que llevó a los vecinos a presentar demandas judiciales. Por orden judicial, los trabajos se suspendieron. El caso ahora estaba siendo examinado por la Corte nacional”, indicó Novelle.
Ella sostiene que la empresa canceló el contrato y desde entonces hay abandono. “El municipio continúa arrojando basura y contaminando sin que nadie rinda cuentas sobre la mala gestión del dinero”.
Más de 60 vecinos participaron en la acción colectiva de amparo. A ellos se unieron dos organizaciones civiles, Nuevo Ambiente y Repsus. Además, hay cuatro querellas penales por el vertido de residuos peligrosos, presentadas por cuatro afectados, entre ellos Novelle y Bruno Migliardo.
La ONG Repsus, tal como han indicado, se centra en la defensa legal de los ciudadanos ante actos injustos y abusos de las autoridades. Uno de sus enfoques principales es la ecología. En declaraciones a LA NACIÓN, expresaron su inquietud por la situación y planean proceder con las acciones legales necesarias para frenar el avance del proyecto: “La iniciativa del Centro Ambiental Luján no se ajusta a las necesidades para manejar la cantidad de basura que produce el municipio. Es una solución que no es eficaz a largo plazo y perjudica a otros residentes de la zona. El Estado sigue adelante con esta obra que es una solución a corto plazo, la cual incluso está siendo cuestionada por el propio BID que la financia”.
Según la ONG, apoyar el avance de este proyecto no resuelve el problema de la contaminación que acarrea la basura en Luján. “Las condiciones del basural son inaceptables. La falta de control en la gestión de residuos permite que muchas personas estén expuestas a contaminantes que persisten en el lugar”.
Desde el gobierno local, consideran que el proyecto mejorará la vida de los habitantes. “Aquellos que se oponen a la remediación del Basural a Cielo Abierto, que es el más grande de Argentina, y a su solución real, la construcción del Centro Ambiental, son solo un pequeño grupo de 2 o 3 personas que pretenden hablar en nombre de toda la comunidad de Luján”, argumentó Juan Redondo, secretario de Desarrollo Productivo. Según él, más de 120.000 vecinos de Luján respaldan estas obras. Quienes están en desacuerdo, a su juicio, lo hacen por “intereses económicos personales”.
“Los lemas que ellos proponen pierden relevancia cuando la Justicia federal, el gobierno nacional, el provincial, el municipal y la tanto la ciudadanía piden que las obras continúen”, comentó Redondo.
El fallo
Con la anulación de la medida cautelar, el juez Portocarrero Tezanos Pinto afirmó que se había producido un cambio en las circunstancias desde que se dictó la medida. Afirmó que la suspensión de las obras implicaría la detención de los desembolsos internacionales planeados para invertir en infraestructura ambiental. También comentó que el posible daño que podría causar la continuidad del proyecto sería significativamente menor en comparación con la actual situación ambiental o el deterioro que se podría agravar por la paralización de las obras.
Los vecinos argumentan que no se ha priorizado el derecho a la salud. “Como se puede ver, el juez dio más importancia a lo económico que al derecho a la salud”, advirtió Novelle.
“Desde el Ministerio de Ambiente, reafirmamos nuestro compromiso de eliminar los vertederos a cielo abierto, en este caso específico con este proyecto clave”, afirmaron desde la entidad bonaerense. En respuesta a la consulta de LA NACIÓN, y de acuerdo con lo que dispuso el juez en la revocatoria, esa cartera se encargará de supervisar las obras. “El cierre técnico del vertedero, su adecuada impermeabilización, las obras hidráulicas y el manejo de los gases según lo previsto, además de la construcción del relleno sanitario, que incluirá la impermeabilización del suelo, la correcta colocación de la membrana y las obras hidráulicas, todo esto se llevará a cabo a través de un plan de inspección”, se indicó.
Entre los demandantes, existe otra de las controversias: “El Ministerio de Ambiente bonaerense es uno de los acusados por los afectados, por lo que no puede ejercer control ni elaborar informes”, argumentó Novelle, en representación de más de 60 vecinos denunciantes y de dos asociaciones civiles.
En respuesta a las declaraciones de Novelle, el ministerio bonaerense afirmó que esa cartera, liderada por Daniela Vilar, “no está siendo demandada” en ese caso y solo participa “como parte tercera”.
