Los problemas ecológicos globales plantean un reto especialmente complicado. No existe una autoridad mundial que pueda implantar normas o instrumentos económicos que afecten a todos los países. La cooperación entre estos se ha de basar en difíciles compromisos voluntarios. Sin embargo, los acuerdos ambientales exitosos no son imposibles. Un ejemplo es el Protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono (1987). Este protocolo llevó a la práctica eliminación de la producción y comercialización de los gases CFC, por sus efectos destructivos sobre la capa de ozono de la estratosfera. Aunque la recuperación de los niveles de ozono estratosférico es un proceso extremadamente lento, de muchísimas décadas, el éxito de este acuerdo ha sido imprescindible para reducir el problema. En el caso del cambio climático las cosas han resultado mucho más complicadas. Y no es extraño. Una cosa es eliminar unas sustancias químicas de usos muy específicos y para las que, a pesar de las alarmas de la industria en su momento, se encontraron fácilmente sustitutos, pero otra es revertir las emisiones de gases de efecto invernadero ligadas al modelo energético dominante, al modelo alimentario y a la generación masiva de residuos. El reto es mucho más difícil porque supone, ante todo, la compleja decisión de dejar bajo tierra ingentes reservas de combustibles fósiles muy valiosas económicamente.
Un momento de avance muy importante fue la firma de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992, acuerdo que ha sido ratificado por la inmensa mayoría de los países del mundo. En ese convenio se reconoció la importancia del problema y se estableció el compromiso genérico de actuar bajo el principio de las «responsabilidades comunes pero diferenciadas». Los países más contaminantes en términos per cápita debían actuar en primer lugar. Posteriormente, siguieron las reuniones anuales de los firmantes en las llamadas «conferencias de las partes». Un segundo momento muy importante fue la firma del Protocolo de Kioto en 1997. Por primera vez se establecieron compromisos de limitación de emisiones obligatorios para los países más industrializados. Entre los firmantes iniciales estaban Estados Unidos, los países miembros de la Unión Europea, Japón, Australia, Rusia y la mayor parte de las naciones del antiguo bloque de la Unión Soviética. Representaban una pequeña parte de la población mundial, pero más de la mitad de las emisiones globales de gases de efecto invernadero de aquel momento. Sus emisiones conjuntas debían reducirse, según el Protocolo de Kioto, en algo más del 5% para el período 2008-2012, en comparación con los niveles de 1990. La reducción acordada fue, pues, parcial y muy modesta. Pero el Protocolo de Kioto se celebró como un precedente que debería llevar a acuerdos futuros mucho más ambiciosos y globales.
La escasa voluntad que impide los acuerdos
Sin embargo, la posterior política internacional fue un cúmulo de fracasos que contrastaba con la creciente alarma ante el cambio climático evidenciado por la mayoría de los científicos. El primer gran fracaso fue que el país con entonces mayores emisiones globales Estados Unidos no ratificó el protocolo y se desvinculó del acuerdo. Tampoco se llegaron a concretar sanciones a los países que incumplirán lo pactado y quedó todo a merced de la voluntad política de los diferentes países. Cuando se aproximaba 2012, se esperaba un sucesor más ambicioso del citado protocolo, pero las expectativas no se cumplieron. La Conferencia de Durban (2011) concluyó con una breve declaración en la que se alertaba de la urgencia de actuar para evitar un aumento de temperatura superior a los 2 grados centígrados respecto a la época preindustrial. Sin embargo, se aplazaba cualquier acuerdo vinculante a la espera de que se concretase para ser aplicado a partir del año 2020.
El foco de atención posterior fue la Conferencia de las Partes de París (2015), donde se esperaba que se pusiesen las bases para el nuevo acuerdo. La tarea era especialmente difícil. Los países más ricos seguían siendo, con diferencia, los principales emisores de gases de efecto invernadero en términos per cápita y, por tanto, los primeros responsables. Pero desde hacía varias décadas, las emisiones habían crecido sobre todo en los países llamados emergentes, hasta el punto de que China se había convertido ya con diferencia en el principal emisor de gases de efecto invernadero: hacia 2015 sus emisiones representaban aproximadamente la cuarta parte del total mundial. Este es un cambio fundamental y, sin duda, el futuro del clima depende en gran medida de lo que suceda en este país, aunque conviene situar el dato en perspectiva. Las emisiones promedio de los habitantes del país asiático han crecido espectacularmente, pero en 2015 eran algo menos de ocho toneladas de CO2per cápita, un promedio muy inferior a las veinte toneladas per cápita emitidas por Estados Unidos. Es el peso demográfico de China lo que la convierte en primer país emisor. Por otro lado, buena parte de estas emisiones son para mantener los consumos del mundo más rico, dado su papel de «fábrica global».
