En los últimos 25 años, la Argentina ha perdido más de 7 millones de hectáreas de bosques nativos. Solo en 2023, la deforestación y los incendios forestales (en su gran mayoría intencionales) han acabado con 100 mil hectáreas de bosques autóctonos en la provincia de Salta y más de 50 mil en la región del Gran Chaco argentino.
En su búsqueda irrefrenable por expandir la barrera agropecuaria, individuos y empresas continúan implementando prácticas nocivas para los bosques nativos. Métodos como la deforestación, los desmontes y los incendios deliberados se utilizan para liberar vastas extensiones de bosques para obtener nuevas tierras destinadas a la agricultura y la ganadería.
¿Cuáles son las consecuencias para los bosques nativos de estas prácticas nefastas?
Las actividades destructivas en diferentes regiones de Argentina, ya sea a través de desmontes en el Gran Chaco, la deforestación promovida por empresas forestales en Salta, o los incendios deliberados en la Patagonia, generan pérdidas terribles en materia de biodiversidad y de recursos esenciales como la madera y el agua.
Pero más allá de estos impactos inmediatos, estos métodos también desencadenan la degradación del suelo y contribuyen al aumento de los niveles de emisiones de dióxido de carbono, empeorando los problemas asociados al cambio climático.
Es por eso que las modificaciones propuestas recientemente por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo de Fuego podrían tener repercusiones terribles para los ecosistemas, la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental de la Argentina y de todo el planeta.
Los bosques nativos a merced de la motosierra
La Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente son los grandes pilares de la protección de los ecosistemas en Argentina. Estos documentos establecen claramente que las políticas y las leyes promulgadas por los gobiernos deben buscar fortalecer los niveles de protección ambiental existentes, nunca debilitarlos.
Sin embargo, modificaciones del reciente DNU, como la derogación de la Ley de Tierras y las alteraciones en la Ley de Manejo de Fuego, abre la puerta a las prácticas agropecuarias e inmobiliarias más nocivas para los ecosistemas.
La Ley de Tierras fue especialmente diseñada para proteger los bosques nativos del país. Su principal función es la de resguardar la diversidad biológica del territorio argentino. Su derogación podría desencadenar la destrucción de estos ecosistemas fundamentales tanto para la flora y la fauna del país, como para la vida en el planeta.
Los cambios propuestos en la Ley de Manejo de Fuego, por su parte, podrían ocasionar impactos terribles en la biodiversidad, la calidad del agua y la estabilidad climática. La cantidad de incendios provocados en los últimos años (y sus consecuencias ambientales en bosques nativos y humedales) demuestran que lo que se necesita es reforzar esta ley, no debilitarla.
Un DNU que va en contra del reclamo popular en materia ambiental
En octubre de 2023, mientras se celebraban las elecciones en Argentina, Greenpeace emprendió una consulta popular en respuesta a la emergencia forestal que azotaba al país. Esta campaña preguntó a la sociedad si consideraba que los desmontes ilegales e incendios forestales deberían ser juzgados como delitos penales.
Con una extraordinaria participación de más de 260 mil personas, la consulta demostró que un abrumador 99% de los votantes estaban a favor de condenar los crímenes ambientales que destruyen los bosques nativos para lucrar con negocios inmobiliarios o con tierras usadas para plantar soja destinada a ser exportada a Asia y Europa.
Pero lamentablemente, en lugar de avanzar hacia una mayor protección ambiental, las medidas del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) parecen estar pensadas para allanar el camino a estos especuladores y desproteger por completo los recursos naturales de la Argentina. Esta contradicción plantea serias dudas sobre el compromiso real del gobierno en la lucha contra la degradación ambiental.
