A mediados del año 2023, Uruguay, está en crisis hídrica. Mientras el Gobierno culpa a los efectos del cambio climático, a la falta de obras en mandatos anteriores y propone la compra de agua embotellada para el consumo, desde los sectores socioambientales y las ONGs explican que esto se debe a una mala planificación, a los cuestionados negocios del sector privado y al modelo extractivo de monocultivos.
En este artículo te contamos cómo está la situación en la actualidad ante la crisis del agua potable en Uruguay.
| ¿Qué encontrarás en este artículo? 1. Introducción 2. Uruguay y la crisis de agua potable 3. El agua es un derecho humano adquirido 4. El proyecto para privatizar el acceso al agua potable 5. Conclusiones |
Uruguay y la crisis de agua potable
Montevideo lleva 70 días sin agua potable. El líquido que sale de los grifos contiene altos índices de sodio y de cloruros, además de trihalometanos(bromuros y cloroformos que surgen de la aplicación del cloro para potabilizar el agua con mucha cantidad de materia orgánica). Estos tienen efectos potencialmente cancerígenos.
Lo más grave de la situación es que Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, demoró 40 días en declarar la emergencia hídrica y la única solución que propuso fue la de comprar agua embotellada. Ante esto, las organizaciones socioambientales respondieron diciendo que no se trata de una situación de sequía, como muchos quieren afirmar, sino de un tema de saqueo de los recursos.
La realidad que enfrenta el país es preocupante. 1.700.000 de habitantes se ven obligados a comprar agua envasada a las dos empresas que tienen el monopolio del embotellamiento: Danone y Agua Viva.
El agua es un derecho humano adquirido
Vale recordar que Uruguay se convirtió en el año 2004 en el primer país del mundo en declarar expresamente al agua como un derecho humano trascendental. Lo hizo a través de una reforma constitucional que sentó las bases para establecer una política nacional que prioriza el agua para consumo humano, en línea con una perspectiva solidaria hacia las generaciones futuras y la jerarquización de lo social sobre lo económico.
El disparador principal de aquella reforma constitucional fue frenar los proyectos de privatización del agua y de los servicios de saneamiento. La nueva legislación estableció en aquel momento que estos debían ser garantizados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales. Sin embargo, con la finalización del gobierno de Tabaré Vazquez, las cosas cambiaron.
El legado a Lacalle Pou fue generar una represa de una reserva de un 70% de agua dulce en la zona alta de la cuenca del río Santa Lucía. Sin embargo, el nuevo gobierno no tuvo en cuenta lo propuesto por la gestión anterior y a cambio aceptó que cinco empresas privadas construyeran una planta potabilizadora tomando agua del río de la Plata; una fuente de agua dulce que limita con Argentina.
Casi 20 años después, este derecho humano adquirido cobra especial relevancia. María Selva Ortiz, de la organización Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, marca la gravedad de lo que significa que el acceso al agua en la actualidad pase solo por el mercado y por tener dinero para comprarla embotellada.
El proyecto para privatizar el acceso al agua potable
El proyecto que salió a la luz con el nuevo gobierno de Lacalle Pou, llamado Neptuno y presentado por cuatro empresas( Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast)—denominado “Aguas de Montevideo”— se encargaría de la construcción y el mantenimiento de una toma de agua y de una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata en la zona de Arazatí. La estatal OSE, por su parte, se ocuparía de la operación.
En 2022, se generó un intenso debate en Uruguay en torno a un proyecto relacionado con el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana. El representante del Frente Amplio en el OSE, Edgardo Ortuño, expresó su preocupación por las deficiencias técnicas del proyecto y argumentó que no garantizaban el suministro adecuado de agua potable. Además, señaló que el proyecto fue aprobado sin informes de la empresa pública y contó con la consultoría de la empresa israelí Mekorot. También se alertó sobre la presencia permanente de cianobacterias tóxicas en la zona. A pesar de estas preocupaciones, el plan continuó su curso.
Ante esto, surgieron todo tipo de reacciones. Críticos del proyecto argumentaron que su implementación no resolvería la crisis del agua y que era inconstitucional. Se cuestionó el enfoque de depender exclusivamente de una nueva planta potabilizadora, argumentando que esto beneficiaría a cinco empresas privadas que invertirían una gran cantidad de dinero y luego cobraría una suma considerable durante un periodo de 18 años. Además, se planteó la posibilidad de que los estándares de calidad del agua se redujeron, permitiendo niveles más altos de salinidad, lo cual no sería aceptable según las regulaciones del país.
Conclusiones
El caso de Uruguay es considerado un precedente relevante para otros países de la región y para el resto del mundo. Es la muestra más clara de que la falta de inversión en un derecho tan fundamental como el acceso al agua potable , así como la falta de preparación para hacer frente a eventos climáticos extremos, puede provocar graves consecuencias en la población.
