Un concepto central de la economía ambiental convencional es el de «nivel óptimo o eficiente de contaminación». Este plantea que reducir la contaminación tiene costes de adaptación de técnicas más caras, de inversión en recursos y de renuncia a determinados consumos, pero también tiene beneficios directos, ya que disminuye el impacto ambiental. Las emisiones deben reducirse solo hasta el punto en que los beneficios ambientales ya no compensen los costes de reducción, lo cual constituiría el nivel óptimo de contaminación. Este planteamiento tiene una larga historia y un referente: el economista Arthur Cecil Pigou (18771959) y su libro de 1920 La economía del bienestar. Muchos críticos, en cambio, opinan que el concepto crea más confusión que iluminación teórica y que no es una buena guía para la política ambiental. En el debate sobre cómo actuar frente a la contaminación deben analizarse los pros y los contras de las diferentes políticas. Ahora bien, ¿estos beneficios y perjuicios deben medirse en la misma unidad el dinero para definir un nivel de contaminación óptimo, económicamente superior a los demás? El primer problema es la valoración: ¿cómo medir en dinero los daños de la contaminación atmosférica de las ciudades? ¿Se contabilizarán las enfermedades provocadas solo por los gastos de sanidad inducidos? ¿Se valorarán los perjuicios en el desarrollo de los niños como pérdida de «capital humano» a partir de los menores ingresos futuros previstos? ¿Se preguntará en una encuesta a los afectados cuánto estarían dispuestos a pagar por reducir la contaminación? La cuestión es aún más compleja si la incertidumbre es elevada. Cuando los científicos son incapaces de prever con exactitud los efectos futuros del cambio climático, ¿no es arrogante que algunos economistas intenten calcular el nivel óptimo de emisiones? Y si los afectados aún no han nacido es imposible preguntarles por sus preferencias.
LA NECESIDAD DE UN DEBATE SOCIAL
Las cuestiones de equidad entre poblaciones y entre generaciones son cruciales. Por ejemplo, ¿puede ser «óptimo» que se inunden zonas habitadas e incluso que desaparezcan países insulares debido al aumento de los viajes en avión? Quizá si los afectados por las inundaciones se hallaran en países ricos expresarían una elevada predisposición a pagar para evitarlas, aunque, si las rentas de estos países fueran más bajas, no podrían permitirse sus estilos de vida consumistas. ¿Puede la generación actual arrogarse el derecho a deteriorar las condiciones ambientales de las generaciones futuras? Los economistas tienen mucho que decir sobre los efectos económicos de estos problemas y sobre los costes relativos de diferentes políticas, aunque los críticos afirman que acudir al referente teórico de que existe un nivel óptimo o eficiente de impactos ambientales no es la mejor forma de acercarse a las políticas ambientales.
ELINOR OSTROM
Doctorada en Ciencias Políticas en la Universidad de California, la politóloga y profesora estadounidense Elinor Ostrom fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Economía, compartido con su compatriota Oliver Williamson, en 2009.La investigación sobre la gestión de los recursos comunes, en la que Ostrom se centró, es un importante problema económico. En sus trabajos constató la existencia de numerosos casos históricos y actuales en los que las comunidades de personas gestionaban de forma eficiente y sostenible recursos pesqueros, forestales o aguas de riego, entre otros. La economista estadounidense, identificada con la corriente de «economía institucional», que considera la profundización en el marco institucional de normas, leyes, costumbres y valores de una sociedad para comprender el comportamiento humano, estudió las condiciones que favorecen una gestión de recursos exitosa, entre ellas la generación de relaciones de confianza entre las personas. De las numerosas publicaciones de Ostrom destaca El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva (1990). Durante sus últimos años escribió sobre políticas de cambio climático y sostuvo la necesidad de trabajar en acuerdos globales, pero actuando también a nivel individual y local.
PONER PRECIO AL CO₂
En 1992 se frustró la aprobación de un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) para todos los países de la Unión Europea. De haberse aprobado, habría sido un referente internacional. Se trataba de un impuesto sobre el carbón, el petróleo y el gas natural en función de las emisiones que genera cada uno de estos combustibles. Los precios de todos los bienes y servicios se habrían alterado según las emisiones directa e indirectamente asociadas a su obtención, lo cual habría sido un buen estímulo para la eficiencia energética y para la introducción de energías renovables. Sin embargo, algunos Gobiernos utilizaron el poder de veto que existe en la Unión Europea sobre cuestiones fiscales. Posteriormente, diversos países europeos han implantado impuestos sobre el carbono, pero con tipos impositivos muy moderados y con muchas exenciones justificadas para evitar problemas de competitividad exterior. En 2003, la Unión Europea optó por otro instrumento económico: un mercado de permisos de emisión de CO2.Las autoridades distribuyen permisos anuales de emisión entre las empresas afectadas que se pueden comprar y vender. Los primeros años la distribución fue gratuita y a partir de 2013 una gran parte comenzó a ir a subasta. A diferencia de los impuestos, este mecanismo es parcial y solo afecta a instalaciones industriales de determinados sectores intensivos en energía. Si las empresas emiten una cantidad superior de CO, a la permitida, tienen que pagar importantes multas. Solo un precio elevado de los permisos estimula suficientemente la reducción de emisiones, pero desde mediados de 2008 ha sido mucho más bajo de lo que se preveía. Las causas residen en una política generosa que fija el total de permisos distribuidos, así como en la crisis iniciada en 2008, que llevó a disminuir la actividad y la demanda de dichos permisos. Ello despertó el debate en la Unión Europea sobre cómo revertir la situación de bajos precios del CO2.Una solución simple, pero políticamente difícil, sería recuperar la propuesta de un impuesto europeo. También puede haber sistemas mixtos que complementen los impuestos con mercados de permisos.
