La Corte obliga a cerrar la actividad petrolera en el Parque Nacional Calilegua

Después de más de diez años de reclamos, la Corte Suprema de Justicia falló a favor del cierre de la actividad petrolera en el Parque Nacional Calilegua, en Jujuy. La decisión obliga al Estado nacional, a la provincia y a dos empresas a detener la extracción de hidrocarburos y a implementar un plan de remediación ambiental en el área afectada y en un pozo lindero. Greenpeace Argentina celebró el fallo, que la organización venía reclamando desde hace más de una década junto con vecinos, comunidades indígenas y guardaparques.

Un fallo que busca reparar décadas de daño

El máximo tribunal determinó que la provincia de Jujuy y las compañías JEMSE y JH S.A.U. deben ejecutar un plan que detenga la actividad petrolera y recupere los ecosistemas dañados en el yacimiento Caimancito y el pozo Ca.e3, ubicado en la zona CNO-4 Río Colorado. Este plan debe cumplir todos los requisitos técnicos y legales que establece la Secretaría de Energía y la Administración de Parques Nacionales, y tiene como fecha límite de ejecución el 31 de diciembre de 2030. Además, el Estado nacional responderá solidariamente para garantizar que se cumpla con el programa, mientras que la Administración de Parques supervisará la implementación.

Una lucha que comenzó hace años

La historia del conflicto se remonta a 2015, cuando la legislatura jujeña anuló las concesiones hidrocarburíferas dentro del parque, tras denuncias de guardaparques, comunidades indígenas y organizaciones sociales. Greenpeace Argentina impulsó una campaña con protestas y logró el apoyo de más de 270.000 argentinos, reclamando que se detuviera la instalación de nuevos pozos y que las petroleras salieran del área protegida. Sin embargo, en 2018, una resolución conjunta entre la Administración de Parques y el gobierno provincial suspendió la remediación del yacimiento, beneficiando a las empresas. En respuesta, Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron un amparo ante la Corte Suprema para declarar inconstitucional esta desafectación de unas 1.000 hectáreas del parque.

La selva de yungas bajo protección

El Parque Nacional Calilegua resguarda uno de los ecosistemas más ricos del país: la Selva de Yungas. Alberga aproximadamente 76 mil hectáreas con gran diversidad biológica. Allí se registran más de 120 especies de mamíferos, más de 100 especies de helechos y más de 120 tipos de árboles. También habitan anfibios, reptiles, aves y una amplia variedad de insectos y otros invertebrados. Entre las especies amenazadas se encuentran el yaguareté, la taruca y el águila poma. Otras especies singulares incluyen la rana marsupial y el surucuá aurora. La selva sirve de refugio para monos, corzuelas, lobitos de río, tucanes y coendúes. Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace, destacó que este fallo brinda esperanza de recuperar el parque libre de petroleras y reparar los daños ocasionados.

La importancia de actuar sobre los pasivos ambientales

La sentencia judicial no solo marca un límite a la explotación petrolera, sino que establece un camino para remediar el daño ambiental acumulado. La recuperación incluye la restauración de suelos, la reforestación y la supervisión constante de la vida silvestre. Para los defensores del parque, esto representa un paso concreto para garantizar la conservación de la biodiversidad y proteger especies únicas que dependen de este ecosistema. La intervención de la Corte también señala la responsabilidad compartida de los gobiernos y las empresas, recordando que proteger áreas naturales no es una opción sino una obligación frente a la riqueza biológica que albergan.

Vigilancia y participación en el Parque Nacional Calilegua

El caso Calilegua muestra que la acción ciudadana, el trabajo de organizaciones ambientales y la presión legal pueden generar cambios significativos. Greenpeace subraya la necesidad de que la comunidad siga involucrada, observando el cumplimiento del plan de remediación y defendiendo los derechos de las áreas protegidas. La experiencia demuestra que, sin supervisión y participación activa, los ecosistemas corren riesgo de ser degradados nuevamente. Cada medida aplicada hoy puede marcar la diferencia entre la pérdida irreversible de biodiversidad y la recuperación de un espacio natural que sostiene vida única y valiosa.

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