En General Alvear, al sur de la provincia de Mendoza, una operación minera ilegal fue detectada y suspendida por orden de la Autoridad Ambiental Minera. La intervención tuvo lugar luego de que un ciudadano alertara a las autoridades sobre la presunta existencia de una explotación no habilitada. La denuncia, realizada de forma anónima a través del sistema de tickets habilitado en el sitio web oficial de Minería, desencadenó un operativo que confirmó lo que se sospechaba: maquinaria operando en condiciones irregulares, rastros evidentes de actividad extractiva reciente y una total falta de permisos.
La inspección fue realizada por personal especializado de la Policía Ambiental Minera, quienes tras recorrer el área mencionada en la denuncia —a la vera de la Ruta 143— constataron la ilegalidad de la explotación. El terreno mostraba signos claros de remoción de suelo y actividad reciente, sin contar con ninguna habilitación a la vista ni medidas mínimas de protección ambiental. En respuesta, el Ministerio de Energía y Ambiente dispuso de manera inmediata la suspensión de todas las operaciones en el sitio.
El operativo confirmó la existencia de extracción no autorizada
Una vez en el terreno, el equipo técnico desplegado por la provincia recorrió minuciosamente la zona. La presencia de maquinaria, junto con el estado visible del suelo removido, dejaba poco margen para dudas. El lugar, identificado como una cantera de tercera categoría, operaba sin contar con ninguna autorización ambiental vigente. La ley provincial 5961 y su reglamentación exigen una Declaración de Impacto Ambiental previa para cualquier actividad de este tipo, requisito que no había sido cumplido.
A esta omisión se sumaban otros indicios graves. La ausencia total de cartelería obligatoria —que debe indicar la titularidad de la explotación, el número de expediente y datos técnicos del proyecto— y la inexistencia de documentación visible en el sitio fueron pruebas suficientes para iniciar las actuaciones administrativas. La actividad que allí se desarrollaba no solo violaba la normativa minera vigente, sino que también comprometía recursos naturales sensibles, dado que se encontraba próxima a fuentes hídricas.
Una historia de antecedentes que agrava la situación
El titular del emprendimiento no era un desconocido para las autoridades ambientales de Mendoza. En el pasado ya se le había iniciado un expediente por prácticas similares en San Rafael, otro departamento del sur provincial. Ese antecedente, sumado a las nuevas evidencias, agrava la posición legal del responsable y deja en evidencia un patrón de reincidencia que no puede pasar desapercibido. La normativa minera no solo contempla sanciones económicas en estos casos, sino que habilita a las autoridades a requerir acciones de remediación y a escalar las sanciones según la gravedad y la repetición de las infracciones.
La reincidencia en delitos ambientales es un factor determinante a la hora de aplicar medidas más severas. En este caso, la Autoridad Ambiental Minera no solo dispuso la suspensión inmediata de la actividad, sino que también notificó formalmente al infractor. En la notificación se le exige la presentación de un plan de remediación ambiental, conforme a lo que establece el Código de Procedimiento Minero. Este plan deberá detallar las acciones específicas para revertir el daño causado y mitigar los impactos ya generados.
La mina ilegal será monitoreada con nuevos controles
Además de detener la operación ilegal, las autoridades ambientales anunciaron que se realizará una nueva inspección en el área. El objetivo será verificar que la orden de suspensión se esté cumpliendo efectivamente y que el titular haya comenzado a implementar las medidas correctivas necesarias. La presencia de maquinaria en zonas no autorizadas, junto con la falta de controles previos, refleja una problemática extendida: las actividades extractivas fuera del marco legal no son casos aislados y requieren una respuesta sostenida en el tiempo.
La Dirección de Minería de la provincia se comprometió a realizar un seguimiento exhaustivo, en coordinación con otros organismos del Ministerio de Energía y Ambiente. Las tareas de fiscalización se extenderán más allá del sitio intervenido, con el objetivo de identificar otros posibles focos de extracción ilegal en la zona. Para ello, se valora especialmente la participación ciudadana, que permitió detectar esta actividad gracias al sistema de denuncias anónimas disponible en línea.
El control ciudadano como pieza clave en la fiscalización ambiental
El origen de este operativo no fue un aviso interno ni una auditoría de rutina. Fue la denuncia de un ciudadano lo que puso en marcha el mecanismo de control, demostrando el valor de contar con canales accesibles y eficaces para recibir alertas desde la sociedad. El sistema de tickets del Portal de Minería permite que cualquier persona informe irregularidades sin necesidad de exponerse, algo fundamental en comunidades pequeñas donde la presión social puede dificultar la denuncia directa.
El caso de General Alvear muestra que la vigilancia ambiental no puede descansar únicamente sobre el aparato estatal. Las organizaciones ambientalistas del país, entre ellas Greenpeace Argentina, han asegurado que la colaboración de la ciudadanía es fundamental para el monitoreo ambiental. La acción de quienes viven en los territorios afectados, combinada con equipos técnicos capacitados y respuestas administrativas rápidas, constituye la mejor herramienta para frenar las actividades extractivas ilegales. Frente a un escenario donde los recursos naturales se ven cada vez más presionados por prácticas no reguladas, la articulación entre ciudadanía y Estado es indispensable para defender lo que queda.
