La reciente decisión de la Justicia de Chaco de mantener la suspensión de los desmontes en la provincia por seis meses ha marcado un hito en la defensa del medio ambiente. Esta medida fue tomada luego de una denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas contra varios funcionarios y ex funcionarios locales por su implicación en la deforestación ilegal en la región. Greenpeace, una de las principales organizaciones ecologistas a nivel global, celebró esta resolución, dado que Chaco fue la segunda provincia con más desmontes durante el 2024.
En 2024, Greenpeace realizó una serie de sobrevuelos y comparaciones de imágenes satelitales, lo que permitió detectar que, en Chaco, se deforestaron 41.718 hectáreas de bosques nativos. Este dato alarmante destaca la magnitud de la deforestación en una región que, por su biodiversidad, desempeña un papel fundamental en el equilibrio ecológico del país. Chaco ha sido una de las provincias más afectadas por la tala ilegal, lo que ha generado un fuerte impacto en sus ecosistemas y en las especies que habitan en sus bosques, como el yaguareté, que se encuentra en peligro de extinción.
La decisión judicial de suspender los desmontes, aunque temporal, es un avance significativo en la lucha contra la destrucción del medio ambiente. Greenpeace destacó que, de no haberse tomado esta medida, la deforestación en Chaco habría continuado sin control, afectando gravemente los ecosistemas y acelerando la desaparición de especies clave. Esta victoria es un claro ejemplo de cómo la acción judicial, respaldada por las denuncias de organizaciones y profesionales comprometidos con la protección del entorno, puede generar cambios concretos en la política ambiental.
La nueva normativa y sus implicaciones para la conservación
El contexto de esta medida judicial no solo se limita a la suspensión de los desmontes, sino que también está relacionado con la implementación del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Chaco. Greenpeace presentó ante la Corte Suprema de Justicia un escrito en el que denunció que esta nueva normativa viola la Ley Nacional de Bosques. La organización ecologista advirtió que el nuevo ordenamiento permitirá el desmonte de hasta 1.200.000 hectáreas, lo que representaría una amenaza directa a los corredores de conservación esenciales para la fauna regional.
Uno de los principales riesgos de esta normativa es que reduce la protección de áreas clave como la zona adyacente al Parque Nacional Copo y las Reservas Provinciales Loro Hablador y La Pirámide. Estos espacios son fundamentales para la supervivencia de especies como el yaguareté y otros grandes mamíferos que dependen de estos corredores para su desplazamiento y reproducción. La nueva zonificación, además, favorece la recategorización predial, lo que en la práctica podría legalizar las recategorizaciones irregulares que ya se habían realizado bajo el anterior ordenamiento territorial.
La crítica de Greenpeace a esta legislación es clara: la flexibilización de las normativas ambientales pone en riesgo la biodiversidad de la región y, por lo tanto, el equilibrio ecológico. La organización ha convocado a la ciudadanía a unirse a la campaña votaporlosbosques.org, una plataforma que busca generar presión para que se establezcan penas más severas para los responsables de desmontes ilegales e incendios forestales. La campaña ha logrado reunir ya más de 265.000 firmantes, lo que refleja el creciente interés de la sociedad en proteger los bosques nativos.
El rol de la ciudadanía en la protección de los bosques
La suspensión de los desmontes en Chaco no es solo un triunfo de las organizaciones ecologistas y los abogados ambientalistas, sino también un claro mensaje sobre la importancia de la participación ciudadana en la defensa del medio ambiente. La campaña impulsada por Greenpeace demuestra cómo el apoyo popular puede influir en la toma de decisiones políticas y judiciales. Es fundamental que más personas se sumen a esta causa, exigiendo que se tomen medidas más estrictas para frenar la deforestación y promoviendo una legislación más efectiva para la conservación de los bosques.
La participación activa en campañas como votaporlosbosques.org permite que los ciudadanos se conviertan en agentes de cambio, presionando a las autoridades para que actúen con responsabilidad frente a los daños que la deforestación ilegal causa en los ecosistemas. La presión social es clave para que las leyes se cumplan y para que los responsables de la tala ilegal enfrenten las consecuencias de sus acciones.
