La provincia de Salta enfrenta una creciente preocupación por la posible aprobación de un ordenamiento territorial que pone en riesgo miles de hectáreas de bosques nativos. Este proyecto, cuestionado por organizaciones ambientales y comunidades originarias, podría generar un impacto devastador en el medioambiente y en las poblaciones locales.
El nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques, presentado por el gobierno provincial, propone la legalización de desmontes en áreas previamente protegidas. Con una superficie estimada de más de 700.000 hectáreas en juego, el proyecto recibió media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 10 de diciembre y se encuentra actualmente en debate en la Cámara de Senadores.
Activistas de Greenpeace alertaron sobre la naturaleza regresiva de esta propuesta, señalando que las denominadas “Categorías Transitorias” carecen de respaldo en la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Según Noemí Cruz, Coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace Andino, esta zonificación no establece criterios claros sobre las áreas permitidas para desmontes, lo que convierte al ordenamiento en un mecanismo flexible que favorece la deforestación masiva.
La falta de rigor en la regulación no solo compromete la biodiversidad, sino que también abre la puerta a prácticas que contravienen normativas ambientales y compromisos internacionales asumidos por Argentina. Este enfoque no garantiza la preservación de corredores biológicos ni la protección de las comunidades dependientes de los ecosistemas afectados.
Comunidades originarias y derechos vulnerados
Uno de los puntos más críticos del ordenamiento es la ausencia de consulta previa a las comunidades originarias, un derecho protegido por leyes nacionales e internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Estas poblaciones, que viven directamente de los recursos del bosque, enfrentan un escenario de desplazamiento y pérdida de su forma de vida debido a la expansión de desmontes.
El gobierno provincial no solo ignora los derechos fundamentales de estas comunidades, sino que también desestima el impacto social de la deforestación. Al eliminar áreas protegidas, se rompen los vínculos entre las comunidades y sus territorios, agravando las desigualdades sociales en una región ya marcada por la pobreza estructural.
La protesta de Greenpeace frente al Palacio Legislativo destacó esta problemática, con activistas que recordaron los valores históricos de Salta encarnados en los gauchos de Güemes. A través de esta acción simbólica, buscaron enfatizar cómo la aprobación de este proyecto representa una traición a los principios históricos y culturales de la región.
Desmonte, crisis climática y pérdida de biodiversidad
La deforestación masiva no solo impacta a nivel local, sino que contribuye directamente al agravamiento de la crisis climática global. Los bosques nativos son fundamentales para la captura de carbono, la regulación hídrica y la protección de la biodiversidad. Con su desaparición, se generan emisiones de gases de efecto invernadero, se alteran los ciclos naturales y se extinguen especies únicas.
La aprobación de este ordenamiento territorial profundizaría estos problemas, colocando a Salta en el centro de un nuevo conflicto ambiental de dimensiones nacionales e internacionales. Según Greenpeace, los desmontes, vistos históricamente como prácticas de desarrollo económico, deben ser considerados un crimen de lesa humanidad debido a las consecuencias irreversibles que tienen sobre la vida en el planeta.
El impacto acumulativo de estas decisiones también tiene repercusiones económicas a largo plazo. La pérdida de servicios ecosistémicos, como la calidad del suelo y el agua, reduce las posibilidades de desarrollo sostenible en la región, creando un círculo vicioso de deterioro ambiental y social.
Una decisión que marcará el destino de Salta
El debate sobre el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques en Salta no solo pone en evidencia los conflictos entre el desarrollo económico y la conservación ambiental, sino que también plantea preguntas sobre el modelo de gobernanza en la provincia. La falta de transparencia, el desconocimiento de los derechos comunitarios y el debilitamiento de las leyes ambientales generan un precedente peligroso para otras regiones del país.
Como ciudadano, tienes la oportunidad de informarte, participar en espacios de discusión y exigir a los legisladores un compromiso real con el bienestar colectivo. La protección de los bosques nativos no es solo una cuestión local, sino una necesidad urgente en el contexto global de crisis climática y pérdida de biodiversidad.
