El Programa Paisaje Productivo Protegido (PPP), impulsado por la Fundación ProYungas, trabaja con empresas agroindustriales para cuidar la biodiversidad sin frenar la rentabilidad.
Hoy, el programa alcanza 2,7 millones de hectáreas, de las cuales casi la mitad son áreas silvestres bajo resguardo privado. El dato sorprende: según los propios impulsores, hay más naturaleza protegida en manos de empresas que en todo el sistema nacional de parques.
Detrás de esta iniciativa está el biólogo Alejandro Brown, presidente de ProYungas. En diálogo con este medio, explica que la clave fue cambiar el enfoque: “Durante años se pensó que producir y conservar eran objetivos opuestos. Lo que mostramos con este programa es que pueden potenciarse mutuamente”.
Brown cuenta que, cuando comenzaron, muchas empresas desconocían cuántas hectáreas de bosque tenían en sus campos. Hoy, gracias al monitoreo científico y a los planes de gestión, saben no solo cuánta selva poseen, sino qué especies la habitan y cómo mantenerlas.
El caso de San Miguel en Tucumán
Uno de los ejemplos más ilustrativos es la citrícola San Miguel, con fuerte presencia en Tucumán. Allí, en la Finca Caspinchango, el jefe de zona Juan Martín Guerineau recuerda que al inicio la prioridad absoluta era la rentabilidad. Sin embargo, al sumarse al PPP en 2014, la empresa empezó a medir el impacto de su actividad en el entorno.
“Descubrimos que conservar también nos beneficiaba”, señala Guerineau. “Al cuidar los bosques nativos, mantenemos servicios ambientales que son fundamentales para la producción: agua, suelo fértil y control natural de plagas”.
Actualmente, San Miguel conserva 6.400 hectáreas de monte nativo, junto a unas 650 de producción intensiva. Cámaras trampa instaladas en la zona registraron la presencia de especies emblemáticas como ocelotes, lobitos de río y pecaríes, un indicador del buen estado del ecosistema.
No solo San Miguel participa del programa. La papelera Ledesma, pionera en sumarse allá por 2005, protege amplias áreas de selva jujeña. Más recientemente, Arcor se incorporó con más de 14.000 hectáreas de bosque nativo bajo su custodia.
Según Brown, el compromiso del sector privado fue decisivo incluso en el plano político. “La presión y el trabajo conjunto con las empresas ayudaron a que se aprobara la Ley Nacional de Bosques”, recuerda.
Los logros del PPP no son solo ecológicos. También tienen impacto económico y social.
Además, ofrece a las compañías una ventaja reputacional: “Las empresas empiezan a entender que el consumidor valora los productos que no destruyen su entorno. No es solo una cuestión ética, también es estratégica”, subraya Brown.
Pese a los avances, el modelo enfrenta retos. Uno de ellos es la falta de visibilidad pública. Para muchos ciudadanos, la idea de que grandes agroindustrias estén cuidando bosques resulta contraintuitiva. “Todavía cuesta comunicar que detrás de estas plantaciones hay miles de hectáreas de naturaleza intacta”, admite Guerineau.
Otro desafío es el financiamiento. Expandir el PPP a más regiones, como la Patagonia o el Gran Chaco, requiere recursos y equipos técnicos. Sin embargo, Brown se muestra optimista: “Si logramos sumar más empresas, Argentina podría cumplir con la meta 30×30 de la ONU, que busca proteger el 30 % del territorio para 2030”.
Lo que comenzó como una experiencia puntual en las yungas tucumanas hoy es un modelo de ecoactivismo empresarial que inspira a otros sectores. La premisa es clara: producir sin destruir, e incluso producir cuidando.
En palabras de Brown, “el futuro de la producción en Argentina pasa por integrar la naturaleza como un aliado y no como un obstáculo”. Y en los campos de San Miguel, Ledesma y Arcor, la evidencia ya está a la vista: selvas protegidas, especies que regresan y un nuevo paradigma que prueba que la rentabilidad puede ir de la mano con la conservación.
