En Salta, una de las provincias argentinas más ricas en biodiversidad, la amenaza del desmonte de 26.000 hectáreas ha encendido las alarmas ambientales. Greenpeace ha denunciado recientemente la propuesta del gobierno provincial para autorizar el desmonte de un área equivalente a la ciudad de Buenos Aires, revelando serias implicaciones para el ecosistema y las comunidades locales. Este proyecto, que incluye la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, ha generado preocupación por su impacto ambiental y legal, destacando la necesidad urgente de una revisión y oposición rigurosa.
Denuncia de Greenpeace: un ataque al corazón de los bosques
Greenpeace ha advertido que la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques en Salta podría resultar en una catástrofe ecológica. Según Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, el gobierno de Gustavo Sáenz está a punto de autorizar el desmonte de 26.000 hectáreas, un acto que contraviene gravemente la Ley Nacional de Bosques. Este tipo de desmonte no solo pone en riesgo los ecosistemas locales, sino que también contradice el compromiso de Deforestación Cero asumido por Argentina en la Cumbre Climática de Glasgow en 2022.
La propuesta de actualización permitiría la deforestación de 720.000 hectáreas adicionales, una cifra alarmante que subraya el alcance potencial del daño. Esta situación plantea un dilema crucial: la protección de los bosques y la sostenibilidad ecológica frente a los intereses de los grandes productores agropecuarios que buscan flexibilizar las leyes para continuar con sus actividades.
Las implicancias de la actualización del Ordenamiento Territorial
La propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos ha sido objeto de críticas por varios motivos específicos:
- Desmontes excesivos: La actualización permitiría la deforestación en una superficie desproporcionada, comprometiendo grandes áreas de bosques que sirven como hábitat esencial para diversas especies y regulan el ciclo del agua en la región.
- Validación de desmontes ilegales: La propuesta no solo legitima los desmontes ya realizados de manera ilegal, sino que también omite medidas para su restauración, lo que perpetúa el daño ecológico y el incumplimiento de la ley.
- Desmontes en áreas protegidas: Permitir la deforestación en bosques actualmente protegidos contradice los principios de conservación establecidos por la ley y pone en riesgo áreas críticas para la biodiversidad.
- Fragmentación del hábitat: La propuesta fragmenta el territorio de grandes mamíferos como el yaguareté, afectando su capacidad de migración y supervivencia, y poniendo en peligro su existencia.
- Falta de consulta a comunidades indígenas: Las comunidades indígenas, que dependen directamente de estos bosques para su subsistencia y cultura, no fueron consultadas adecuadamente sobre la propuesta, violando sus derechos y prácticas tradicionales.
Impacto económico y social
Las empresas y empresarios involucrados en estos proyectos de desmonte incluyen a Agrodesmontes S.A., SILHER S.R.L., y varios individuos como Antonio Ricardo Talavera y María Luisa Bracero. La aprobación de estos desmontes beneficiaría a estas entidades, pero plantea serias preguntas sobre las consecuencias para el medio ambiente y las comunidades locales.
La extracción de madera y el avance de la frontera agropecuaria a expensas de los bosques tienen implicaciones económicas complejas. Mientras algunos residentes se benefician económicamente de estas actividades, los efectos negativos sobre el medio ambiente, como la pérdida de biodiversidad y el impacto en el ciclo hidrológico, podrían resultar en costos más altos a largo plazo.
Llamado a la acción y futuras medidas legales
Greenpeace ha manifestado su preocupación de que, si la legislatura provincial aprueba la actualización, se enfrentará a un cataclismo ecológico y un agravio a los derechos de las comunidades locales. La organización ecologista ha anunciado su intención de llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si se concretan estos desmontes, en un esfuerzo por frenar lo que consideran una violación grave de la Ley de Bosques.
Desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques en 2007, se han desmontado 714.052 hectáreas en Salta, reflejando una preocupante tendencia de deforestación que pone en riesgo el equilibrio ecológico de la provincia.
La denuncia de Greenpeace sobre el desmonte inminente en Salta subraya la necesidad urgente de una revisión exhaustiva de las políticas de manejo de bosques y una acción decisiva para proteger el medio ambiente. Es crucial que tanto el gobierno como las partes interesadas prioricen la conservación y el desarrollo sostenible, garantizando que las decisiones políticas y económicas no comprometan el futuro de los ecosistemas y las comunidades locales. La lucha por la protección de los bosques es una causa que demanda atención y acción a nivel nacional e internacional para asegurar un equilibrio justo entre desarrollo y sostenibilidad.
