Más de diez ciudades se movilizaron el pasado primer fin de semana de octubre en rechazo a la explotación del avance de las petroleras en el Mar Argentino. Ante la llegada del buque sísmico de la empresa noruega Equinor, activistas, voluntarios y habitantes de la costa argentina, denunciaron el accionar de los gobiernos y la complicidad del Poder Judicial.
Las petroleras avanzan en el Mar Argentino
El buque BGP Prospector, propiedad de la empresa noruega Equinor, zarpó el 15 de septiembre desde el puerto de Tema, en África, con destino a Montevideo, Uruguay, y posteriormente al Mar Argentino. Esta travesía encendió las alarmas de los activistas ambientales que utilizan sistemas de seguimiento satelital de barcos en este lado del Océano Atlántico.
Este hecho marcó el comienzo de la realización del proyecto que más preocupa a las comunidades costeras de Argentina: la expansión de la frontera hidrocarburífera, un avance en el lecho marino que comprende un importante proyecto de extracción de petróleo y gas offshore, desde la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego.
El BGP Prospector es un barco de exploración sísmica, una técnica perjudicial para la fauna marina. Esta implica la emisión de explosiones de aire comprimido para obtener imágenes de las capas de roca bajo la superficie del mar. Estas explosiones de sonido se realizan cada seis segundos y se llevarán a cabo de octubre a diciembre de 2023.
Esto demuestra que la falta de consideración por el medio ambiente es evidente. Un ejemplo de esto se encuentra en el sitio web de Equinor, donde argumentan su peculiar enfoque de cuidado hacia el “Monumento Natural Ballena Franca Austral” y otras especies. Estas medidas no solo son predeciblemente ineficaces, sino que también revelan un escaso interés real en la preservación del frágil ecosistema marino.
¿Qué está haciendo el Estado Argentino para evitar el avance de las petroleras?
En el año 2005, durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, se planteó la posibilidad de ampliar el límite exterior de la plataforma continental argentina. En 2017, bajo el gobierno del presidente Mauricio Macri, a través de la Cancillería, se destacó la importancia de la “seguridad jurídica para la concesión de áreas destinadas a la explotación y exploración de petróleo, gas y otros minerales”.
En mayo de 2019, mediante el Concurso Público Internacional N.º 1, la Secretaría de Energía otorgó a las empresas petroleras 18 áreas marítimas para la exploración y explotación de petróleo y gas. Además, asignó de manera directa el bloque conocido como “CAN 100” (ubicado a 300 kilómetros de la costa de Buenos Aires) a la empresa YPF, que en 2020 compartió la titularidad con las multinacionales Equinor y Shell (quienes también avanzarán en los bloques CAN 108 y 114).
Las principales compañías petroleras, como Equinor, YPF, Shell, Total, BP y Exxon, forman parte de la red corporativa a la que se le otorgó acceso al mar. El Gobierno Nacional, con el respaldo de los gobiernos provinciales y del Poder Judicial, no solo se convierte en cómplice de esta masacre marina; sino que promueve el enfoque extractivista a través de políticas que favorecen la entrega y el despojo.
¿Cómo responde el pueblo?
En junio de 2021, ante el anuncio de la audiencia pública nacional para el proyecto “Campaña de adquisición sísmica offshore Cuenca Argentina Norte (Áreas CAN 108, 100 y 114)”, las asambleas bonaerenses comenzaron a reunirse para coordinar acciones. El consenso fue claro y lo sigue siendo en la actualidad: rechazar el proyecto petrolero por múltiples razones, incluyendo el impacto ambiental, el amor por el mar, la conexión con este ecosistema, y la conciencia de la necesidad de abandonar soluciones falsas en favor de una transición energética real.
El 30 de diciembre de 2021, cuando el Gobierno anunció la aprobación del proyecto petrolero en el Boletín Oficial, la comunidad estaba lista para llevar a cabo una protesta contundente. El 4 de enero de 2022, se realizaron las marchas y movilizaciones ambientales más grandes que jamás se habían visto en Mar del Plata y las ciudades costeras circundantes. A partir de ese momento, las “Asambleas por un mar libre de petroleras” comenzaron a multiplicarse en diversas ciudades, todas organizadas dentro de la Red de Comunidades Costeras, que abarca desde Santa Teresita hasta Ushuaia.
El llamado a tener un “Mar Libre de petroleras,” conocido como Atlanticazo en honor a la lucha previa en Chubut (denominada Chubutazo), trascendió las fronteras y se convirtió en una demanda global, dando lugar al Oceanazo. En más de 19 países, se llevaron a cabo protestas exigiendo el abandono de los combustibles fósiles y clamando por la no ampliación de nuevas fronteras extractivas. Estas acciones se replicaron en Uruguay, Perú, Bolivia, Colombia, Sudáfrica, Nigeria, Egipto, España, Portugal, Serbia, Ucrania, Países Bajos, Alemania, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos y otros países.
En la actualidad, se observa un crecimiento de movimientos de desobediencia civil como “Just Stop Oil” en ciudades de Inglaterra, con el objetivo de detener la explotación petrolera. En América, también se expanden experiencias territoriales como la Campaña Ni Un Pozo Más en Brasil, el Observatorio de Ecología Política en Venezuela, YASunidos en Ecuador y la resistencia constante de la Confederación Mapuche de Neuquén.
Como parte de este continuo esfuerzo, el pasado 4 de octubre se dio una nueva cita para el Atlanticazo en Argentina. Se realizaron movilizaciones en diversas ciudades, incluyendo San Antonio Oeste, Posadas, Necochea, Mendoza, La Plata, Río Grande, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, Paraná, Ushuaia, Bahía Blanca y Puerto Madryn. Sin embargo, esto no logró evitar el avance de las petroleras.
La empresa Equinor comenzó su exploración offshore en el Mar Argentino 5 días después de la marcha, el 9 de octubre, tras recibir la aprobación del Gobierno. La misma le otorga vía libre para llevar a cabo los bombardeos acústicos a aproximadamente 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.
