La deforestaciĆ³n en el norte de Argentina ha alcanzado cifras alarmantes. En el primer semestre de 2024, Greenpeace informĆ³ que se destruyeron 59.557 hectĆ”reas de bosque, un incremento del 15 por ciento en comparaciĆ³n con el mismo perĆodo de 2023. Este fenĆ³meno pone de manifiesto la urgencia de abordar el problema de manera efectiva, ya que la mayorĆa de estos desmontes se realizan de forma ilegal, especialmente en provincias como Chaco y Santiago del Estero.
El avance de los desmontes en Chaco es particularmente preocupante. Durante el primer semestre de 2024, se estima que se talaron 27.148 hectĆ”reas de bosque, violando una suspensiĆ³n judicial que se impuso a fines de 2020. A pesar de esta prohibiciĆ³n, se ha observado una flexibilizaciĆ³n de las leyes provinciales que facilita la deforestaciĆ³n. En Santiago del Estero, la situaciĆ³n es similar, donde el gobierno autoriza desmontes para actividades ganaderas en Ć”reas donde esto no estĆ” permitido. Este contexto evidencia una clara complicidad entre los gobiernos provinciales y los empresarios agropecuarios, quienes operan con total impunidad.
HernĆ”n Giardini, coordinador de la campaƱa de Bosques de Greenpeace, ha manifestado su preocupaciĆ³n ante el aumento de la deforestaciĆ³n y la ilegalidad que lo acompaƱa. El relevamiento de Greenpeace, basado en imĆ”genes satelitales, revela que la deforestaciĆ³n en Formosa y Salta tambiĆ©n contribuyĆ³ significativamente, con 7.162 hectĆ”reas y 4.200 hectĆ”reas destruidas, respectivamente. En total, esta devastaciĆ³n equivale a tres veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, lo que subraya la magnitud del problema.
Impacto ambiental y social de la deforestaciĆ³n
La deforestaciĆ³n no solo afecta al medio ambiente, sino que tambiĆ©n tiene repercusiones sociales y econĆ³micas graves. La expansiĆ³n de la frontera agropecuaria para la ganaderĆa y la producciĆ³n de soja, mayormente destinada a la exportaciĆ³n, resulta en una serie de consecuencias devastadoras. Entre ellas se incluyen el cambio climĆ”tico, la desapariciĆ³n de especies, inundaciones, sequĆas y desertificaciĆ³n. AdemĆ”s, muchas comunidades indĆgenas y campesinas sufren desalojos y pĆ©rdidas en sus medios de vida debido a la destrucciĆ³n de sus hĆ”bitats.
Giardini subraya que la situaciĆ³n actual representa una emergencia climĆ”tica y de biodiversidad. La tala indiscriminada de bosques compromete no solo la flora y fauna local, sino tambiĆ©n los recursos naturales esenciales para la vida humana, como alimentos, medicinas y madera. Es evidente que los gobiernos deben actuar con determinaciĆ³n, prohibiendo los desmontes en lugar de promoverlos. Sin embargo, las multas existentes no son suficientes para disuadir la actividad ilegal, lo que hace necesaria una penalizaciĆ³n efectiva.
Caminos hacia la soluciĆ³n y la responsabilidad estatal
El llamado a la acciĆ³n es urgente. Esta semana se cumplen cinco aƱos desde que Greenpeace presentĆ³ un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la NaciĆ³n, demandando la protecciĆ³n del hĆ”bitat del yaguaretĆ© y denunciando la violaciĆ³n de la Ley Nacional de Bosques Nativos por parte de las provincias involucradas. En noviembre del aƱo pasado, el mĆ”ximo tribunal declarĆ³ su competencia en la causa, lo que abre una ventana de oportunidad para que se tomen medidas concretas.
La responsabilidad de frenar el aumento de los desmontes recae tanto en el Estado como en la sociedad civil. La implementaciĆ³n de polĆticas efectivas de conservaciĆ³n, la promociĆ³n de prĆ”cticas sostenibles y el fortalecimiento de las leyes existentes son pasos fundamentales. La participaciĆ³n activa de la ciudadanĆa en la defensa de los bosques tambiĆ©n es crucial, ya que la presiĆ³n pĆŗblica puede motivar a los gobiernos a adoptar un enfoque mĆ”s responsable y comprometido con la conservaciĆ³n del medio ambiente.
