La deforestación en el norte de Argentina ha alcanzado cifras alarmantes. En el primer semestre de 2024, Greenpeace informó que se destruyeron 59.557 hectáreas de bosque, un incremento del 15 por ciento en comparación con el mismo período de 2023. Este fenómeno pone de manifiesto la urgencia de abordar el problema de manera efectiva, ya que la mayoría de estos desmontes se realizan de forma ilegal, especialmente en provincias como Chaco y Santiago del Estero.
El avance de los desmontes en Chaco es particularmente preocupante. Durante el primer semestre de 2024, se estima que se talaron 27.148 hectáreas de bosque, violando una suspensión judicial que se impuso a fines de 2020. A pesar de esta prohibición, se ha observado una flexibilización de las leyes provinciales que facilita la deforestación. En Santiago del Estero, la situación es similar, donde el gobierno autoriza desmontes para actividades ganaderas en áreas donde esto no está permitido. Este contexto evidencia una clara complicidad entre los gobiernos provinciales y los empresarios agropecuarios, quienes operan con total impunidad.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, ha manifestado su preocupación ante el aumento de la deforestación y la ilegalidad que lo acompaña. El relevamiento de Greenpeace, basado en imágenes satelitales, revela que la deforestación en Formosa y Salta también contribuyó significativamente, con 7.162 hectáreas y 4.200 hectáreas destruidas, respectivamente. En total, esta devastación equivale a tres veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, lo que subraya la magnitud del problema.
Impacto ambiental y social de la deforestación
La deforestación no solo afecta al medio ambiente, sino que también tiene repercusiones sociales y económicas graves. La expansión de la frontera agropecuaria para la ganadería y la producción de soja, mayormente destinada a la exportación, resulta en una serie de consecuencias devastadoras. Entre ellas se incluyen el cambio climático, la desaparición de especies, inundaciones, sequías y desertificación. Además, muchas comunidades indígenas y campesinas sufren desalojos y pérdidas en sus medios de vida debido a la destrucción de sus hábitats.
Giardini subraya que la situación actual representa una emergencia climática y de biodiversidad. La tala indiscriminada de bosques compromete no solo la flora y fauna local, sino también los recursos naturales esenciales para la vida humana, como alimentos, medicinas y madera. Es evidente que los gobiernos deben actuar con determinación, prohibiendo los desmontes en lugar de promoverlos. Sin embargo, las multas existentes no son suficientes para disuadir la actividad ilegal, lo que hace necesaria una penalización efectiva.
Caminos hacia la solución y la responsabilidad estatal
El llamado a la acción es urgente. Esta semana se cumplen cinco años desde que Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, demandando la protección del hábitat del yaguareté y denunciando la violación de la Ley Nacional de Bosques Nativos por parte de las provincias involucradas. En noviembre del año pasado, el máximo tribunal declaró su competencia en la causa, lo que abre una ventana de oportunidad para que se tomen medidas concretas.
La responsabilidad de frenar el aumento de los desmontes recae tanto en el Estado como en la sociedad civil. La implementación de políticas efectivas de conservación, la promoción de prácticas sostenibles y el fortalecimiento de las leyes existentes son pasos fundamentales. La participación activa de la ciudadanía en la defensa de los bosques también es crucial, ya que la presión pública puede motivar a los gobiernos a adoptar un enfoque más responsable y comprometido con la conservación del medio ambiente.
