A principios de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconoció el derecho a un clima saludable como un derecho individual fundamental. Esta resolución obliga a los Estados y empresas de América Latina y el Caribe a poner manos a la obra para proteger a las personas y a la naturaleza de los impactos de la crisis climática.
Sin dudas se trata de un hecho histórico para la defensa del medioambiente y de los derechos humanos. A partir de ahora, los gobiernos de la región tienen la obligación legal de establecer políticas públicas que combatan el calentamiento global. El fallo se basó en evidencia científica que atribuye el cambio climático a actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación.
Además, la nueva normativa enfatiza cómo un clima desfavorable vulnera los derechos de las personas más necesitadas y les impide obtener salud, alimentación, acceso a agua potable y viviendas dignas, entre otros. Para organizaciones ambientalistas como Greenpeace Colombia, esta decisión se convertirá en una poderosa herramienta a la hora de exigir a los Estados y las empresas que se hagan cargo de sus acciones que atentan contra el medioambiente.
La importancia de la participación civil para el fallo histórico de la IDH sobre el clima
La sociedad civil no miró para otro lado cuando la Corte llevó a cabo su Opinión Consultiva. En total, hubo más de 265 observaciones escritas y 150 intervenciones orales de parte de organizaciones, movimientos sociales y las comunidades más afectadas que aportaron evidencia legal, científica y testimonios directos sobre cómo el clima es fundamental para una vida digna.
Este fallo también reconoce el derecho de la naturaleza y los ecosistemas latinoamericanos y del Caribe a mantener sus procesos ecológicos esenciales, un verdadero avance para una región que cuenta con una biodiversidad única en el mundo. Por eso se considera que esta nueva normativa permitirá que la región avance hacia un modelo de desarrollo sostenible que respete los límites del planeta y proteja los derechos humanos.
Cuando la justicia piensa en los más vulnerables
La Corte subrayó la importancia no sólo de que los Estados garanticen el acceso a un ambiente sano, sino también de que haya un real acceso a la justicia ambiental. Además, explicitó que la sociedad civil pueda obtener información ambiental siempre y que existan mecanismos de reparación para las comunidades afectadas por daños relacionados con el clima, como inundaciones o sequías.
Los expertos en derecho opinan que las Opiniones Consultivas de la Corte IDH son fundamentales para la correcta interpretación de las obligaciones jurídicas de los Estados en materia de derechos humanos y cambio climático. Por lo que este cambio fomentará más y mejores políticas públicas y servirá de ejemplo para otros tribunales a nivel mundial.
Por un futuro más justo y un medioambiente sano
Este fallo se alinea con la Declaración de Manaos, firmada en Brasil en 2024, que refuerza la protección de ecosistemas vitales como la Amazonía, los glaciares y los océanos. Además, exige que los gobiernos prioricen aquellas soluciones que se basen en la justicia climática y social, que respeten los derechos de los pueblos indígenas y que protejan la integridad de la naturaleza.
Es importante entender que la justicia climática es inseparable de la justicia social, ya que las comunidades más vulnerables son las que suelen sufrir con mayor intensidad las consecuencias del cambio climático y la degradación ambiental.
Por este motivo, durante la reciente COP29, diversas organizaciones ecologistas proyectaron mensajes contundentes que exigían el fin inmediato de la exploración y explotación de combustibles fósiles. A través de estas acciones, se buscó visibilizar la urgencia de cambiar el modelo energético global para frenar el avance del calentamiento global y promover la justicia climática en todo el planeta.
