De acuerdo con un estudio reciente llevado a cabo por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de Holanda (UICN-NL) en colaboración con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), la Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) y el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata (CDG), las actividades extractivas afectan de forma desproporcionada a las mujeres que viven en la Amazonia de Colombia y Perú.
La investigación se realizó en Madre de Dios (Perú) y en los departamentos colombianos de Meta, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Putumayo, y demuestra cómo la minería, la agroindustria, los cultivos ilícitos y la presencia del crimen organizado no solo degradan la naturaleza, sino que además limitan la libertad de movimiento, incrementan la violencia y dificultan el acceso a la justicia de mujeres indígenas y locales.
¿Cómo se relacionan las actividades extractivas con la violencia contra las mujeres?
Solo en el año 2020, la tasa de homicidios en Madre de Dios alcanzó las 13,8 personas por cada 100 mil habitantes. Se trató del porcentaje más alto de todo Perú ese año y se debió principalmente a la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), que en su mayoría contrata trabajadores de manera informal e ilegal para abaratar costos.
El estudio también explica que las de esta región mujeres se enfrentan constantemente a hostigamientos, amenazas, extorsiones, secuestros y violencia física y económica. Estas situaciones también afectan a sus familias: en muchos casos los niños y niñas se ven obligados a salir antes de la escuela o dejan de asistir por miedo.
Por otro lado, la contaminación de los ríos por mercurio y otros insumos vinculados a la minería y al cultivo de coca impacta directamente en la salud, la nutrición y el desarrollo de mujeres, niñas y niños. Pero además, existe inseguridad alimentaria, falta de acceso a servicios de salud y educación y superposición de derechos de uso de la tierra, lo que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres.
Colombia: una tierra de desigualdad y cultivos ilícitos
Mientras tanto en Colombia, el estudio advierte que las mujeres rurales e indígenas carecen de protección jurídica sobre la tierra. La concentración de propiedades y el acaparamiento de tierras han desplazado a muchos pobladores hacia la selva amazónica. La investigación señala que, en 2022, se registraron unas 230 mil hectáreas de coca ilegal, de las cuales casi 32 mil corresponden a las localidades de Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare, afectando directamente la vida de las mujeres y sus comunidades.
Por otro lado, las mujeres propietarias de tierras deben lidiar con la deforestación de quienes buscan acaparar territorio, la presencia de personas armadas que incrementa la falta de recursos, la discriminación y el riesgo, limitando su capacidad de desarrollarse y ser autónomas.
¿Qué clase de violencias sufren estas mujeres?
Entre enero y octubre de 2023, los Centros de Emergencia Mujer del Programa AURORA del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú atendieron ¡701 casos de violencia en Madre de Dios! Casi la mitad de ellos estuvieron relacionados con casos de violencia física por parte de varones.
Pero la violencia no es solo física. El estudio demuestra que también existe violencia psicológica, moral, económica y ambiental, que afectan a las mujeres que intentar defender los derechos humanos de la población y quienes forman parte de organizaciones ambientalistas como Greenpeace Colombia.
El informe no deja dudas acerca de cómo la presencia de las compañías mineras, el avance de la frontera agropecuaria y del resto de las empresas extractivas genera amenazas, acoso, criminalización y estigmatización en las mujeres de la zona, limitando no solo su libertad de movimiento sino también la posibilidad de acceder a la justicia.
El daño ecológico y social
Las actividades extractivas contaminan las fuentes de agua y los ríos de toda la región, afectando la seguridad alimentaria, la salud y el desarrollo de los niños, adolescentes y mujeres embarazadas. Pero además, estas actividades fragmentan las comunidades y contribuyen a que se vayan perdiendo las lenguas y culturas nativas.
Según Fany Kuiru, coordinadora general de la COICA, el extractivismo y la agroindustria empobrecen a los pueblos indígenas desde todos los aspectos, afectando tanto a la Amazonía colombiana como a la peruana. Ante este escenario, es fundamental que los gobiernos de estos países tomen medidas urgentes para asegurar que las mujeres puedan vivir sin miedo.
