Los delitos ambientales representan un problema mayor en América Latina. La abundante biodiversidad y los recursos naturales con los que cuenta la región han hecho de actividades como la deforestación, la caza y el comercio furtivo de especies silvestres, la minería y los incendios forestales provocados un lucrativo negocio ilegal.
Y si bien en los últimos años ha habido ciertos avances en la creación e implementación de leyes y políticas medioambientales, en muchos países de Latinoamérica aún es difícil que estas reglamentaciones se cumplan de forma efectiva. Prácticas como la corrupción, las coimas a policías y funcionarios, así como la falta de un presupuesto que permita proteger el medioambiente, son obstáculos que es necesario derribar para que la lucha contra los delitos ambientales sea realmente exitosa.
El problema mundial de los delitos ambientales
De acuerdo con cifras de Interpol, los delitos ambientales representan la cuarta actividad delictiva más lucrativa del mundo, solo superada por el narcotráfico, las falsificaciones y el tráfico de personas. Con ganancias estimadas en más de 280 mil millones de dólares anuales, crímenes como el comercio ilegal de madera, la venta de animales exóticos, la minería y la pesca ilegal, y el transporte de residuos tóxicos desde otros países ponen en riesgo los ecosistemas y la vida de los millones de personas de América Latina que dependen de ellos para subsistir.
Pero mientras países europeos como Francia y Bélgica crean leyes para combatir y penalizar esta clase de delitos, de este lado del mundo las redes internacionales de infractores ambientales prosperan ante la falta de medidas que castiguen sus acciones. Es por eso que organizaciones ambientalistas como Greenpeace trabajan desde hace años para que los gobiernos latinos sancionen leyes que protejan los recursos naturales de la región.
¿Qué países de Latinoamérica han avanzado en materia de justicia ambiental?
Uruguay y Chile son ejemplos de países que están fortaleciendo su marco jurídico para poner un freno a los delitos ambientales que amenazan sus ecosistemas. En Uruguay, se está debatiendo la incorporación de delitos contra el medioambiente en el Código Penal, con penas de hasta 12 años de cárcel. En Chile, se han aprobado reformas que contemplan por primera vez el delito medioambiental en su legislación y que han generado debate entre las empresas que temen ser sancionadas por las multas a las que podrían enfrentarse.
Mientras tanto, en Brasil, el gobierno de Lula Da Silva pretende revertir lo ocurrido en la selva amazónica durante la gestión de su antecesor, Jair Bolsonaro. Solo en los primeros 3 años de mandato del ex presidente brasileño se deforestaron 34 mil kilómetros de bosques tropicales. Mediante políticas como el PPCDAm, un plan que busca combatir la tala y el desmonte ilegal mediante sanciones económicas, Brasil logró reducir hasta 200 millones de toneladas de dióxido de carbono sus emisiones de gases contaminantes en 2023.
Pero a pesar de que muchos países latinoamericanos muestran una tendencia a mejorar sus leyes ambientales, la falta de transparencia en sus sistemas judiciales suele permitir que los infractores evadan la justicia y, en muchos casos, continúen con sus actividades ilegales. Por otro lado, la presión de los sectores empresariales dificulta que los congresos sancionen normas más restrictivas, interfiriendo en la política y obstaculizando el debate de leyes que verdaderamente combatan estos crímenes.
El triste ejemplo argentino
En la actualidad, el mayor delito ambiental que enfrenta la Argentina es la deforestación. Especialmente en el norte del país, el crecimiento económico y la expansión agrícola han llevado a una rápida desaparición de gran parte de sus bosques nativos. La tala ilegal, el desmonte y los incendios forestales intencionales son delitos utilizados para reconvertir estas tierras forestales en cultivos agrícolas. ¿Las consecuencias? La pérdida de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas en la región.
Y mientras el nuevo gobierno analiza derogar la Ley de Bosques, una de las pocas normativas que protegen a los bosques nativos, las empresas agrícolas, ganaderas e inmobiliarias se frotan las manos ante la perspectiva de poder superar el récord de deforestación ilegal alcanzado en 2023, cuando el país perdió más de 120 mil hectáreas de árboles.
