La Ley 21.368 fue promulgada en mayo de 2021 para regular el uso de plásticos desechables en el territorio chileno. Desde ese momento, las empresas productoras y las grandes cadenas de comida rápida (cuyo modelo de negocio se basa en la utilización de recipientes plásticos) contaban con 3 años para adaptarse a esta nueva medida que busca poner fin a la contaminación plástica.
Pero antes de que se cumpliera la fecha límite, los poderosos sectores industriales detrás del negocio del plástico comenzaron con un lobby feroz para retrasar la aplicación de la ley. Lamentablemente, esta estrategia no es nueva. En Europa sucedió algo parecido, con “expertos” pagados por compañías multinacionales como McDonald’s lanzando estudios que advertían que la entrega de envases reutilizables no sería beneficiosa para el medioambiente.
La historia demuestra que, cada vez que se intenta legislar en favor de los ecosistemas y la ciudadanía, las grandes empresas reaccionan con campañas de presión que buscan proteger sus intereses económicos, a costa de la naturaleza. Es por eso que organizaciones ambientalistas como Greenpeace Chile y Oceana intentan desenmascarar a los inescrupulosos que anteponen sus ganancias al cuidado del planeta.
Plásticos de un solo uso: un problema infinito
No quedan dudas de que los plásticos de un solo uso son uno de los mayores contaminantes del planeta. Envases, bombillas, bolsas, utensilios y otros productos desechables, pueden verse en las costas de las playas, en los ríos y hasta flotando en medio del océanos en cualquier punto de la Tierra. Y su impacto ambiental es terrible.
Los expertos estiman que un 90% del plástico producido a nivel mundial no se recicla. Y la mayor parte de este material acaba acumulándose en vertederos o, lo que es aún peor, en la naturaleza. Cuando se sancionó la Ley 21.368, Chile se convirtió en pionero en Latinoamérica en la lucha contra la contaminación plástica. Pero el lobby de estas poderosas empresas de la industria gastronómica quiere detener este avance.
Y es que, en lugar de cumplir con los plazos establecidos por la norma, estas compañías han pasado los últimos meses presionando al gobierno para obtener más tiempo. ¿Qué excusa inventaron? Dicen que no existe un reglamento adecuado para indicarles cómo deshacerse de los plásticos. ¿Cuál fue el resultado de sus excusas? Una absurda extensión de 18 meses adicionales a los plazos originales.
La ruta de los plásticos: del McDonald’s a la naturaleza
Cada año, millones de toneladas de plásticos llegan a los océanos. Ya sea a través de ríos contaminados, como consecuencia del mal manejo de residuos o por efectos del viento que arrastra desechos, este material acaba acumulándose en las costas o flotando en el mar. Una vez allí, este material se descompone lentamente, fragmentándose en microplásticos.
Los microplásticos afectan la salud de miles de especies marinas. Animales como tortugas, aves y peces ingieren estos fragmentos que dañan sus organismos y alteran la cadena alimentaria. Además, el plástico en los océanos libera toxinas que contaminan el agua, agravando el cambio climático y la destrucción de hábitats como los arrecifes de coral.
Las conocidas tácticas de McDonalds y sus secuaces
A través de su operadora en América Latina, Arcos Dorados, el gigante de la comida rápida McDonald’s pasó los últimos meses implementado en Chile las mismas tácticas agresivas de lobby que ya utilizó en Europa para frenar regulaciones ambientales. Una investigación llevada a cabo por Oceana y UChile TV reveló que, usando como aliada a la Asociación Chilena de Gastronomía (ACHIGA), la marca estadounidense ha financiado estudios y campañas mediáticas para influir en la legislación que regula los plásticos de un solo uso en Chile.
Este modus operandi no es nuevo. Por el contrario, McDonald’s está repitiendo las mismas campañas de desinformación que ya había utilizado en el viejo continente, usando estudios sesgados financiados por ellos mismos para argumentar que los envases desechables son más sostenibles que los reutilizables.
La realidad es que estos estudios fueron revisados por científicos especializados que concluyeron que no cumplían con los estándares necesarios. Lo que sí está claro es que, cuando el Senado chileno cede ante estas presiones no solo es pone en riesgo la salud de los océanos y las ciudades, sino que está sentando un pésimo precedente en la lucha contra la contaminación plástica.
