Los bosques y glaciares argentinos enfrentan una nueva amenaza para su supervivencia. El controvertido proyecto de ley presentado a fines de diciembre de 2023 por el presidente Javier Milei, conocido comúnmente como “Ley ómnibus”, ha encendido las alarmas de expertos y organizaciones ecologistas como Greenpeace.
Entre las más de 300 reformas del plan libertario se encuentran propuestas que derogan o modifican la Ley de Fuego, la Ley de Bosques y la Ley de Protección de Glaciares. Estas medidas podrían facilitar las prácticas de desmontes y deforestación por parte de empresas agropecuarias o inmobiliarias en los bosques, así como autorizar la actividad minera en zonas aledañas a los glaciares del territorio nacional.
Más allá de sus propuestas económicas y laborales, el megaproyecto ha sido fuertemente cuestionado por quienes desde hace años vienen luchando por la protección de los recursos naturales del país, ya que podría representar un enorme retroceso de los logros alcanzados hasta la fecha, llevando la situación ambiental a límites críticos e irrecuperables.
La importancia de defender la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares
De acuerdo con miembros del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), estas leyes han sido el resultado de luchas incansables a través de los años para defender el medioambiente argentino. Pero además de su importancia histórica, ambas normas cobran protagonismo en un contexto como el actual, donde la crisis climática y la contaminación están haciendo estragos en el planeta.
Los cambios propuestos por el presidente Milei buscan legitimar los desmontes en un país que durante 2022 (bajo la vigencia de la Ley de Bosques) ha perdido más de 112 mil hectáreas de bosques nativos en la región del Gran Chaco. ¿A cuánto llegaría ese número si se derogara la ley? Pero por si esto no fuera suficiente, la ley ómnibus también propone criminalizar el derecho a la protesta pacífica, lo que no dejaría margen a quienes buscan proteger los recursos naturales para defenderlos.
Para completar el combo, el proyecto de ley sugiere la creación de un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Para los expertos esta medida funcionaría como un mercado voluntario de bonos verdes, lo que permitiría a las empresas privadas que contaminen, solucionar el problema con dinero, sin importar la destrucción ambiental que pudieran ocasionar.
La resistencia de las organizaciones ambientalistas
El abogado ambientalista Enrique Viale considera que la aprobación del plan de Milei significaría un retroceso terrible para la protección ambiental del país. La derogación de la ley de Bosques posibilitaría la quema sin control de pastizales, ya que desfinancia casi por completo a los organismos encargados de vigilar estas prácticas. Pero además, autoriza los desmontes en zonas con especies de árboles de alto y mediano valor de conservación, donde en la actualidad existe una prohibición absoluta.
Ante esta amenaza al medioambiente nacional, organizaciones sociales y ambientales han convocado a todos los ciudadanos interesados en defender los recursos naturales del país a movilizarse para manifestar su rechazo a la ley ómnibus y a la propagación de grandes corporaciones que solo buscan el desarrollo económico sin tener en cuenta las consecuencias para los ecosistemas y la biodiversidad del territorio argentino.
Que el pasado no se repita
Hace menos de 15 años, y en contra de la voluntad del pueblo, el poder ejecutivo de la provincia de Río Negro derogó la Ley Anticianuro, permitiendo la explotación minera a cielo abierto usando sustancias sumamente tóxicas para el suelo, el agua y la salud humana como el cianuro o el mercurio.
Este ejemplo debería servir como un recordatorio de cómo cuando la ciudadanía no se involucra y lucha por preservar sus recursos naturales y la salud ambiental de su país, los gobernantes se sienten libres de negociar con su futuro. Pero los bosques y los glaciares argentinos no son negociables. Por lo que el pueblo argentino debe instar a sus legisladores a que defiendan las leyes vigentes y eviten un retroceso ambiental que podría tener consecuencias inimaginables para los ecosistemas de la Nación.
