Recientemente, Greenpeace realizó una denuncia pública sobre el proyecto de flexibilización de la Ley de Bosques en Salta, un cambio que podría tener consecuencias graves para la biodiversidad y las comunidades locales. Este proyecto, impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz, tiene como objetivo modificar el ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia, permitiendo desmontes en áreas protegidas y legitimando los desmontes ilegales previos. La propuesta pone en peligro el ecosistema salteño y amenaza los compromisos internacionales de Argentina para reducir la deforestación.
La flexibilización de la ley y sus implicaciones
La propuesta de modificación de la Ley de Bosques en Salta prevé autorizar desmontes en más de 700.000 hectáreas, lo que representa una cantidad desmesurada de tierras actualmente protegidas. Greenpeace denuncia que esta flexibilización no solo legaliza los desmontes ilegales realizados previamente, sino que también habilita futuras autorizaciones para destruir áreas que hoy son consideradas de alto valor ecológico. Esta modificación va en contra de lo establecido por la Ley Nacional de Bosques, la cual prohíbe el desmonte en ciertas zonas clave para la preservación de la biodiversidad.
La crítica de Greenpeace se centra en que este nuevo ordenamiento territorial incluiría lo que se denomina “Categoría Amarilla”, una zona que permitiría autorizar desmontes en áreas que hasta ahora estaban protegidas. Esto no solo viola normativas ambientales sino que también podría acelerar la destrucción de los hábitats de especies en peligro de extinción, como el yaguareté, que ya enfrenta graves problemas debido a la fragmentación de su hábitat.
El proyecto de ley también ha sido cuestionado por no haber involucrado a las comunidades indígenas en su elaboración, a pesar de que son estas comunidades las que más directamente se ven afectadas por la destrucción de los bosques. La falta de consulta a las poblaciones locales refleja una falta de compromiso con el bienestar de aquellos que dependen de los recursos naturales para su supervivencia y sustento.
La deforestación en Salta: una tendencia alarmante
Salta es una de las provincias argentinas que enfrenta mayores índices de deforestación. Según los informes oficiales, desde 2007, año de la sanción de la Ley Nacional de Bosques, hasta 2022, Salta perdió más de 700.000 hectáreas de bosques nativos, muchas de ellas de forma ilegal. Este ritmo de deforestación coloca a la provincia como una de las principales responsables de la pérdida de biodiversidad en el país.
El avance de los desmontes ilegales no solo destruye los ecosistemas naturales, sino que también tiene impactos sociales y económicos a largo plazo. Las comunidades campesinas e indígenas que habitan en las zonas afectadas ven cómo sus tierras y recursos se ven desplazados por la expansión de la agricultura y la ganadería, actividades que están detrás de gran parte de los desmontes.
La falta de restauración de los bosques ya talados agrava aún más la situación. Greenpeace destaca que el proyecto de ley no contempla medidas de restauración para las tierras que han sido devastadas, lo que podría tener consecuencias irreversibles para la regeneración de los ecosistemas locales.
Oportunidad para revertir el daño
A pesar de los esfuerzos por parte de sectores agropecuarios para flexibilizar la ley, Greenpeace y diversas organizaciones ambientales han instado a las autoridades provinciales a rechazar este proyecto. La presión internacional y nacional por alcanzar el objetivo de Deforestación Cero para 2030 requiere que todas las provincias, incluyendo Salta, trabajen para frenar la destrucción de sus bosques y fomenten prácticas más sostenibles.De aprobarse el proyecto de ley, las consecuencias serían catastróficas no solo para el medio ambiente, sino también para las comunidades locales que dependen directamente de los recursos naturales para su sustento. Greenpeace ha anunciado que, de ser necesario, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para frenar este proyecto que consideran un retroceso ilegal e inadmisible en la lucha por la protección de los bosques.
