Tras dos años, la masacre de pingüinos de Punta Tombo, ocurrida en 2021 en la provincia de Chubut, finalmente llegó a los tribunales de Rawson (capital de la provincia). Se trata de un juicio histórico no solo para la Argentina sino a nivel mundial, que buscará sentar un precedente sobre las consecuencias del daño ambiental y la crueldad contra los animales.
Tal es la expectativa por el resultado del litigio, que contará con la participación de organizaciones internacionales y testigos provenientes de varias partes del planeta. Organizaciones como Greenpeace Argentina, la Asociación de Abogados Ambientalistas y la Fundación Patagonia Natural se han unido como querellantes. Además, el juicio contará con traducción simultánea tanto al idioma inglés como al francés.
Cabe destacar que este juicio oral representa la primera vez que en Argentina se juzga un crimen ambiental de esta magnitud. Teniendo en cuenta que los hechos denunciados se produjeron en la Reserva de Biosfera “Patagonia Azul” de la Unesco, donde vive el 40% de la población mundial de pingüinos de Magallanes, no sorprende que el caso haya trascendido las fronteras.
El tribunal a cargo de juzgar la causa está conformado por los jueces María Martini, Eve Ponce y Carlos Richieri que podrían decretar una pena de hasta 4 años de prisión efectiva al acusado. Se espera que, además de las pruebas documentales y testimonios, el proceso incluya una visita al lugar de los hechos, en una audiencia con más de 50 testigos y traductores.
Masacre de pingüinos: un caso que conmocionó al mundo
La masacre de pingüinos en Punta Tombo ocurrió en noviembre de 2021, cuando tras una disputa territorial entre los hermanos Luis y Ricardo La Regina, este último destruyó 140 nidos de pingüinos de Magallanes y acabó con la vida de más de 300 ejemplares. El crimen fue realizado mediante el uso de una topadora que pretendía para abrir un camino en el terreno. Además, el hombre instaló cercas electrificadas para delimitarlo. Esta cruel maniobra destruyó una zona reconocida por la Unesco como “Patagonia Azul”.
La fiscal Florencia Gómez, a cargo de los alegatos, aseguró que las pruebas presentadas confirmaron tanto la destrucción del hábitat como la responsabilidad de Ricardo La Regina en los hechos ocurridos en su campo. Además, Gómez destacó que se trató de un caso de daño “agravado”, ya que se desmontaron 2.049 metros cuadrados de terreno, eliminando flora y fauna nativas, y alterando la biodiversidad local.
Por otro lado, la fiscal argumentó que el imputado actuó con dolo, ya que conocía que los pingüinos se encontraban en una época de alta actividad reproductiva cuando decidió arrastrar, compactar y derrumbar sus nidos para priorizar sus intereses económicos en detrimento de una de las mayores colonias de pingüinos de Magallanes del mundo.
¿Por qué esta masacre es un atentado contra todo el ecosistema patagónico?
La Reserva de Biosfera “Patagonia Azul” de la Unesco es un santuario importantísimo no solo para la preservación del pingüino de Magallanes, sino también para toda la biodiversidad de la zona. Cada año, miles de parejas de esta especie llegan hasta aquí para reproducirse. Por este motivo, la destrucción de los nidos y el asesinato de sus crías afectan a toda su población.
Pero además, la reducción del número de pingüinos podría tener un efecto nocivo en el equilibrio ecológico de toda la región, ya que esta especie cumple una función clave en la cadena alimentaria. Al alimentarse de peces y crustáceos, los pingüinos de Magallanes contribuyen a regular las poblaciones de estos organismos en el océano Atlántico sur. Sin ellos, el ecosistema completo podría verse afectado a corto y largo plazo.
Una vez más, el dinero por encima del medioambiente
Las acciones de La Regina son un claro ejemplo de lo que puede suceder cuando los beneficios económicos personales de algunos individuos inescrupulosos se anteponen a la protección ambiental. El acusado adquirió una retroexcavadora con el fin de desarrollar caminos y tajamares, transformando el terreno de forma irreversible y destruyendo el hábitat natural de la fauna local.
A pesar de que legalmente estaba obligado a hacerlo, La Regina jamás pensó en solicitar autorizaciones ni realizó estudios de impacto ambiental. ¿Por qué no lo hizo? Porque sabía que no iban a autorizarlo a cometer un crimen ambiental. Su desprecio por la vida de los pingüinos, por el ecosistema y por las leyes ambientales que los protegen deben ser castigados de forma ejemplar. Para que nadie más se sienta tentado a repetir una nueva masacre.
