La masacre de más de 175 pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) en la Reserva Punta Tombo, en la provincia de Chubut, a fines de 2021, representa un caso siniestro de violencia contra los animales en la historia argentina. Sin embargo, podría convertirse en la punta de lanza que permita incorporar un Capítulo Penal Ambiental en las legislaciones del país.
De acuerdo con datos provistos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), la Reserva Natural de Punta Tombo, sobre la costa atlántica argentina, acogen cada año a cerca de 900 mil parejas de pingüinos de Magallanes, de las 1,6 millones que existen a nivel mundial. Se trata de la colonia continental de esta especie más grande del planeta.
Cuando entre agosto y noviembre de 2021, alguien decidió destruir el área ubicada en la rivera marina Punta Clara a bordo de una retroexcavadora, e instalar un alambrado electrificado que impedía el paso de los pingüinos hacia sus crías hambrientas durante un momento clave de su ciclo reproductivo, cometió un ecocidio terrible y sin precedentes.
Es por eso que miembros de Greenpeace Argentina se unieron con la Fundación Patagonia Natural y la Asociación de Abogados Ambientalistas para iniciar una denuncia penal por el delito de Crueldad contra los animales (tipicado bajo la Ley de Maltrato Animal, número 14.346) con el objetivo de hacer y sentar las bases para la protección de la especie en el futuro.
La importancia del área protegida de Punta Tombo para los pingüinos de Magallanes
El proceso reproductivo de los pingüinos de Magallanes es bastante complejo. Por lo tanto, requiere de una superficie terrestre con características específicas, como la cercanía al mar, vegetación que sirva de camuflaje ante los depredadores y un suelo blando que permita la elaboración de madrigueras.
Punta Tombo es una de las pocas zonas de la costa atlántica de América del Sur que ofrece estos beneficios. Ubicada en 110 kilómetros de Rawson, la capital de la provincia de Santa Cruz, la zona en la que los pingüinos de Magallanes llegan a poner sus huevos cada año ocupa alrededor de 200 hectáreas de la estepa patagónica.
Teniendo en cuenta que la supervivencia de las crías depende de la capacidad de los padres de llegar hasta el mar, pescar y llevarles alimento de vuelta a los nidos, es necesario que el océano ofrezca una amplia variedad de peces, calamares y crustáceos que permitan el correcto desarrollo de las colonias.
Las amenazas a las que se enfrentan los pingüinos de Magallanes
Lamentablemente, desde hace décadas la especie se enfrenta a serias amenazas que ponen en riesgo el desarrollo de sus poblaciones en Punta Tombo. Primero que nada, los efectos del cambio climático, con niveles de temperatura atmosférica y oceánica cada vez menos aptos para los pingüinos.
Pero además, actividades humanas como las industrias petroleras y pesqueras han contaminado la zona con derrames de petróleo y arrasado el fondo marino con prácticas como la pesca de arrastre dejando sin alimentos a padres y polluelos. Como resultado, el éxito reproductivo de la especie ha disminuido de forma notable.
Un área marina protegida, desprotegida
Como una alternativa que pudiera poner un freno a estas amenazas, y tras años de insistencia de quienes abogan por la conservación de las especies marinas, en el año 2015 se inauguró el Área Marina Protegida de Punta Tombo. La idea era que sirviera para asegurar la supervivencia de este hábitat marino-costero tan importante para el tránsito, el desarrollo y la alimentación de esta especie emblemática para el país.
Pero a pesar de estos avances, personas inescrupulosas no dudaron en atentar contra los ecosistemas y la biodiversidad de la zona sin ninguna autorización. Y el 9 de abril de este año, sus abogados solicitaron que fuera sobreseído, es decir, que el crimen ambiental que cometió quedara completamente impune.
La resolución sigue en manos de la doctora, Ana Karina Breckle, Jueza Penal a cargo del caso. Sin embargo, es importante que toda la población esté al tanto de esta masacre ambiental y exija a los legisladores penas más severas para quienes cometen esta clase de violaciones contra los animales y el medioambiente. Para que en el futuro, los perversos infractores lo piensen dos veces antes de atentar contra la naturaleza.
