El gobierno de Javier Milei ha propuesto una serie de cambios legislativos significativos a través de la Ley Ómnibus y un decreto de necesidad y urgencia (DNU), desencadenando preocupaciones generalizadas de más de 80 organizaciones ambientales y sociales, fundaciones y redes en Argentina. Este proyecto, presentado el 27 de diciembre, y el DNU emitido por el presidente, ponen en riesgo la protección de tierras y del medio ambiente. A continuación, exploramos las áreas críticas y los riesgos asociados a estas propuestas.
Derogación de leyes ambientales clave
El DNU y el proyecto de Ley Ómnibus proponen la derogación de leyes fundamentales para la protección ambiental. Esto incluye la Ley de Tierras, las leyes de Minería, la Ley de Bosques, la Ley de Glaciares y la Ley de Manejo del Fuego. La derogación de estas leyes ha desencadenado críticas generalizadas, ya que representan un retroceso ambiental significativo y afectan negativamente a las comunidades y al ecosistema.
Desmonte y cambios en la Ley de Bosques
La modificación propuesta en la Ley de Bosques permitiría el desmonte en áreas actualmente protegidas. Se propone desaparecer el acceso a la información para comunidades indígenas y campesinas, lo que aumenta la opacidad en las decisiones sobre desmontes. Estas modificaciones, según expertos, serían una “invitación a la destrucción” y podrían tener consecuencias devastadoras para los bosques y la biodiversidad.
Impacto en la Ley de Glaciares y Recursos Hídricos
La propuesta de modificar la Ley de Glaciares elimina la prohibición de la actividad minera y petrolera en estas áreas críticas. Esto podría permitir la explotación por grandes empresas, amenazando las fuentes de agua y afectando negativamente a las comunidades que dependen de ellas. Además, el recorte en la definición de glaciares y las condiciones restrictivas propuestas debilitarían la protección de estos ecosistemas vitales.
Extravío de protecciones en la Ley de Tierras
La derogación de la Ley de Tierras daría vía libre a la venta indiscriminada de tierras a capitales extranjeros, afectando la soberanía y permitiendo la concentración de tierras en manos de corporaciones extranjeras. Esto podría replicar casos anteriores de extranjerización de tierras, como el de Joe Lewis en la Patagonia, generando preocupaciones sobre la pérdida de control local sobre recursos fundamentales.
Desregulación de la actividad minera
La derogación de la Ley Nacional de Minería y la Ley del Banco Nacional de Información Minera sugiere una mayor opacidad en una actividad ya desregulada. La posibilidad de una minería a gran escala sin controles efectivos es una amenaza para el medio ambiente y las comunidades que podrían verse afectadas por las operaciones mineras.
Modificación en la Ley de Manejo del Fuego
El proyecto propone cambios en la Ley de Manejo del Fuego, permitiendo la quema de áreas protegidas y humedales después de ser afectadas por incendios. Esto podría tener consecuencias graves para la biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas para recuperarse después de eventos de fuego.
Desafíos a acuerdos internacionales y principios constitucionales
Las organizaciones ambientales destacan que estas propuestas violan el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú, un pacto internacional que prohíbe empeorar la situación del derecho ambiental vigente. Además, subrayan que estas modificaciones contradicen el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano.
Riesgos para la transparencia y cumplimiento de compromisos internacionales
La desregulación propuesta puede afectar la transparencia y trazabilidad de actividades como la pesca, impactando negativamente en la exportación de productos pesqueros. También podría obstaculizar el cumplimiento de compromisos internacionales, como el Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación, que exige medidas estrictas contra la deforestación.
El llamado de las organizaciones ambientalistas
El proyecto de Ley Ómnibus y el DNU representan un retroceso significativo en la protección ambiental y ponen en riesgo los derechos de las comunidades y la sostenibilidad de los ecosistemas. Más de 80 organizaciones ambientalistas, como Greenpeace, han expresado su rechazo a estas propuestas, advirtiendo sobre sus impactos negativos y llamando a la Cámara de Diputados a rechazar este intento de desregulación. El futuro de la protección ambiental en Argentina está en juego, y es imperativo que se tomen medidas para preservar el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación ambiental.
