Las recientes propuestas legislativas del gobierno de Javier Milei, expresadas en el proyecto de ley ómnibus y el decreto de necesidad y urgencia (DNU), han levantado banderas de alerta en Argentina. Estas iniciativas buscan derogar leyes fundamentales destinadas a proteger tierras y el medio ambiente, planteando riesgos significativos para la sostenibilidad y soberanía de las tierras. En este análisis, exploraremos las implicaciones de estas propuestas, centrando la atención en las modificaciones propuestas para la Ley de Bosques, la Ley de Glaciares, la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego.
Derogaciones que atentan contra el mdioambiente
El DNU, que aún no ha entrado en vigencia, y el proyecto de ley ómnibus, que está pendiente de debate, se presentan como amenazas directas al sistema democrático y a los derechos socioambientales logrados en los últimos años. La derogación de la Ley de Tierras y las leyes de Minería en el DNU, junto con las modificaciones propuestas en el proyecto de ley, apuntan a desencadenar un proceso de extractivismo de recursos naturales que podría tener consecuencias devastadoras para el ambiente y las comunidades afectadas.
Impacto en la Ley de Bosques
La Ley de Bosques, actualmente respaldada por la Ley 26.331, ha sido un pilar para la protección de los bosques en Argentina. Sin embargo, el proyecto de ley ómnibus busca modificar esta ley, permitiendo el desmonte en áreas previamente zonificadas como rojas y amarillas, donde actualmente se prohíbe esta actividad. Esta modificación podría abrir la puerta a la destrucción irreparable de áreas forestales críticas.
Además, el proyecto elimina disposiciones clave que garantizan el acceso a la información para comunidades indígenas, originarias y campesinas en relación con las autorizaciones para desmontes. Este cambio podría socavar la participación y supervisión de estas comunidades en decisiones cruciales que afectan sus territorios y modos de vida.
Desafíos en la Ley de Glaciares
Otro punto de gran preocupación es la propuesta de modificar la Ley de Glaciares, específicamente los artículos 1 y 2 de la Ley N°26.639. Estas modificaciones podrían levantar la prohibición de actividades mineras y petroleras en áreas protegidas por la ley, abriendo la puerta a grandes empresas transnacionales para avanzar sobre zonas cruciales para la preservación del agua en Argentina.
Eliminación de protecciones en la Ley de Tierras
La derogación de la Ley de Tierras, que actualmente establece límites a la venta de tierras a capitales extranjeros, plantea preocupaciones sobre la pérdida de soberanía en la gestión de suelo y tierras fértiles. La eliminación de restricciones específicas, como la venta de tierras ribereñas de cuerpos de agua, podría facilitar la venta indiscriminada de territorio argentino a corporaciones extranjeras, amenazando la autonomía y sustentabilidad del país.
Desprotección para los pueblos indígenas y campesinos
Las comunidades indígenas y campesinas se encuentran en una posición especialmente vulnerable frente a estas propuestas. La derogación de la Ley de Tierras, en particular, podría exacerbar la extranjerización de la tierra, afectando directamente a quienes dependen de ella para su subsistencia. La falta de reconocimiento de las leyes originarias y la pérdida de protecciones legislativas amenazan la vida y el bienestar de estas comunidades.
Impacto en la Ley de Manejo del Fuego
La modificación propuesta en la Ley de Manejo del Fuego, a través del artículo 498 de la ley ómnibus, plantea riesgos adicionales. Permitir la quema sin una autorización específica y facilitar el cambio de uso de áreas afectadas por incendios podrían resultar en la degradación de ecosistemas protegidos y áreas naturales, agravando la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
Ambiente desprotegido
La conjunción del DNU y el proyecto de ley ómnibus representa un retroceso significativo en la protección ambiental y en los derechos socioambientales conquistados en Argentina. La sociedad argentina, junto con organizaciones ambientales, indígenas y campesinas, se encuentra en estado de alerta y movilización. La defensa de la biodiversidad, los ecosistemas críticos y la soberanía sobre el territorio se ha convertido en una lucha crucial en este contexto de propuestas que amenazan el equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación ambiental, según han señalado diversas organizaciones ambientalistas, como Greenpeace. La atención nacional e internacional sigue de cerca estos acontecimientos, enfatizando la importancia de un diálogo inclusivo y medidas que aseguren la sostenibilidad a largo plazo para las generaciones venideras.
