Desde que fue sancionada en 2010, la Ley de Glaciares (Nº 26.639) se ha convertido en un símbolo de la lucha por el cuidado del medioambiente en la Argentina. Esta normativa establece la protección de miles de cuerpos de hielo y del ambiente periglacial (las zonas de alta montaña que los rodean) de actividades humanas dañinas como la megaminería y la explotación hidrocarburífera.
Pero lamentablemente, desde la asunción de Javier Milei esa protección está en peligro. Tras la caída de la nefasta Ley Bases, el gobierno nacional ha vuelto a insinuar que pretende impulsar cambios en la normativa. Si esto ocurriese, no haría más que abrirle la puerta a las industrias contaminantes para que destruyan las reservas de agua dulce del país.
Es importante destacar que la ley actual no solo protege a los gigantes de hielo que se pueden observar a simple vista, sino que además evita que todo el ecosistema a su alrededor se deteriore. Su modificación haría que las áreas resguardadas queden expuestas a industrias que ya han demostrado su enorme capacidad de destruir y contaminar el medioambiente, poniendo en riesgo el acceso al agua, la salud de los ríos del país y la capacidad de los ecosistemas de resistir el cambio climático que aqueja al planeta ahora mismo.
Frente a este escenario, la organización ambientalista Greenpeace Argentina advirtió que luchará hasta la última instancia judicial para poner un freno a las modificaciones. Lo mismo han hecho científicos y miembros de otras asociaciones ecologistas. Nadie está dispuesto a retroceder más de una década en términos de protección ambiental.
¿Por qué los glaciares son tan importantes para el futuro del país?
Además de ser grandes atractivos turísticos debido a su belleza natural, los glaciares cumplen funciones esenciales para el medioambiente. Por un lado, son reservas estratégicas de agua dulce. Por otro, contribuyen a regular el clima. Pero además, a lo largo del año, el deshielo paulatino de estos gigantes de hielo alimenta los ríos y arroyos que abastecen de agua a millones de personas en todo el país.
De esta manera garantizan que haya agua suficiente para regar las plantaciones del sector agrícola, para que las represas hidroeléctricas estén abastecidas y para que los ecosistemas funcionen como deben. Sin ellos, la escasez hídrica que ya afecta a varias regiones de la Argentina se volvería mucho más crítica.
Por otro lado, los glaciares tienen una función inherente: son “termómetros” del planeta. Es decir que su retroceso o desaparición como consecuencia de los aumentos de temperatura funciona como indicador de los efectos del cambio climático. Sin ir más lejos, en los últimos años, su reducción se ha acelerado de manera preocupante.
Un retroceso ambiental inadmisible
Modificar la Ley de Glaciares sería un retroceso terrible para los derechos ambientales argentinos. Cabe recordar que esta norma fue el resultado de años de movilización de comunidades, activistas y científicos que entendieron que el agua debía estar por encima de cualquier interés económico. No se trata de una ley más: es una barrera legal que impide que las mineras destruyan glaciares para extraer oro, plata o litio.
Además, si se avanza con los cambios, Argentina violaría sus compromisos asumidos en el Acuerdo de París y el principio de no regresión en materia ambiental. Este principio establece que, una vez alcanzado cierto nivel de protección, no se puede volver a reducir. Por este motivo, un retroceso sería condenar el acceso al agua potable, el equilibrio de los ecosistemas y el futuro climático del país.
Un modelo que solo busca hacer plata
El gobierno de Javier Milei ha dejado claro una y otra vez que su prioridad no es la conservación del medioambiente. Desde que asumió, ha recortado fondos destinados a las áreas protegidas, ha intentado desmantelar normativas ambientales clave y ha promovido un discurso que minimiza la crisis climática.
Y es que el intento de modificar la Ley de Glaciares no es un hecho aislado. Es parte de una lógica que busca desregular, achicar el Estado y facilitar el avance de los negocios extractivos. Su idea de “libertad” se traduce en más habilitaciones para que las grandes empresas internacionales puedan desmontar los bosques, destruir los glaciares y explotar sin control los recursos naturales argentinos.
Pero si no quiere padecer una crisis climática y económica, la Argentina no puede darse el lujo de flexibilizar su protección ambiental. Si lo hace, se expone a nuevas y peores sequías, y crisis energéticas aún más constantes. Por eso, las alertas de los científicos deberían bastar para entender que hacen falta más regulaciones, no menos. Y que el desarrollo no puede basarse en la destrucción de los recursos naturales que son de todos.
