Las industrias salmoneras chilenas hacen y deshacen a su antojo. Eso demuestra la investigación llevada a cabo recientemente por la fundación Terram, una organización civil que busca promover el desarrollo sostenible en Chile. La sobreproducción y la falta de control y sanciones por parte del Estado han llevado a los ecosistemas marinos chilenos al límite.
Y es que, a pesar de las claras infracciones ambientales, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha permitido que miles de toneladas de salmones se cosechen de manera ilegal. Esto genera ganancias millonarias para el sector, que no debe preocuparse por ningún tipo de consecuencia legal, mientras el medioambiente marino del país sufre por la negligencia de los encargados de fiscalizar.
De acuerdo con el informe de Fundación Terram, desde que la SMA comenzó a operar, solo 27 de las 84 infracciones por sobreproducción que han sido documentadas en la Reserva Nacional Las Guaitecas, han recibido sanciones. Y lo que es peor, 74 de estos casos ya han prescrito, lo que significa que el plazo para castigar a las empresas responsables venció y podrán recolectar sus ganancias de manera impune.
A esto se suma la política “correctiva” implementada por la Secretaría, que prefiere advertir a las compañías salmoneras en lugar de poner un fin a las prácticas ilegales con sanciones económicas que realmente les duelan a los inescrupulosos empresarios. Lamentablemente, la inacción del Estado permite que estas prácticas continúen y afecta de forma irremediable al medioambiente local.
Sobreproducción: el modus operandi de las salmoneras en Chile
En las últimas décadas, la industria salmonera ha crecido de manera exponencial en Chile, a tal punto que el país se ha convertido en uno de los principales exportadores de salmón a nivel mundial. La cara negativa de este crecimiento el deterioro de los ecosistemas marinos por causa de las prácticas insostenibles elegidas por las salmoneras.
La sobreproducción es sin dudas el problema más grave, con empresas que exceden sistemáticamente los límites permitidos para maximizar sus ganancias. Así lo hicieron 53 centros de cultivo de la Región de Aysén en los últimos 3 años. Pero como la ley dispone que si no son sancionadas en un plazo de 3 años, los casos prescriben, las empresas responsables no enfrentarán ninguna consecuencia legal por sus acciones.
El (terrible) ejemplo de Nova Austral
Nova Austral, una empresa salmonera de capitales noruegos, fue acusada de sobreproducción y manipulación de datos ambientales en 2019. Pero a pesar de las abrumadoras pruebas sobre exceso de producción y sobre los efectos de la mortalidad de sus salmones sobre los ecosistemas marinos de la Reserva Nacional Kawésqar, la empresa no fue castigada.
Esta falta de sanciones perpetúa la impunidad de los infractores y pone en riesgo el equilibrio del medioambiente marino de Chile. Y ante las nuevas evidencias presentadas por la fundación Terram, la Superintendencia del Medio Ambiente continúa optando por su “enfoque correctivo” porque, según la superintendenta, Marie Claude Plumer, resulta más eficiente para los recursos del Estado.
Si bien en teoría esta estrategia podría parecer razonable, en la práctica ha demostrado ser complemente inefectiva. Básicamente (o más bien, exactamente) es como notificarle a un ladrón que ha cometido un delito en lugar de arrestarlo, y esperar que no vuelva a repetirlo por propia voluntad.
¿Cómo afecta esto a las comunidades de la Región de Aysén?
Sin dudas las comunidades de la Región de Aysén que dependen del mar para sobrevivir son las más afectadas por la sobreproducción y la falta de fiscalización de parte del estado. A medida que los ecosistemas marinos se degradan por la acumulación de desechos de las salmoneras, la pesca artesanal y sostenible va disminuyendo.
Por otro lado, los ciudadanos locales sufren por la contaminación del agua y la destrucción de sus hábitats naturales. Es por eso que organizaciones ambientalistas como Greenpeace Chile y Fundación Terram luchan cada día para exponer estas prácticas destructivas y reclamar al Estado que implemente sanciones más severas y permita a la comunidad involucrarse en los procesos de fiscalización. Esa es la única manera de proteger los ecosistemas marinos de la destrucción.
