La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer una opinión consultiva que transforma el modo en que se entienden los derechos humanos ante la crisis climática. Por primera vez, el tribunal regional incorpora de forma explícita el derecho a un ambiente sano dentro del marco de los derechos fundamentales y establece que los Estados están obligados a tomar medidas concretas para resguardar a quienes son más vulnerables frente al cambio climático.
La justicia y el cambio climático, entrelazados
El tribunal no considera al cambio climático como una mera cuestión ambiental o técnica. Por el contrario, afirma que constituye una amenaza directa para derechos como la vida, la salud, la vivienda o el acceso al agua. Sostiene además que los Estados no pueden limitarse a observar: tienen la responsabilidad de reducir las emisiones contaminantes mediante metas claras y planes realistas, basados en evidencia científica y orientados por el respeto a los derechos humanos.
La Corte también aclara que esta obligación no termina en el ámbito nacional. Las naciones deben cooperar entre sí, intercambiar información y actuar en conjunto para limitar el daño ambiental global. De no hacerlo, incurren en omisiones que pueden derivar en violaciones de derechos fundamentales.
La naturaleza, sujeto de derechos
Uno de los puntos más disruptivos del documento es el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Aunque esta perspectiva resulta novedosa, ya ha sido incorporada en algunas constituciones y decisiones judiciales de diferentes países.
La Corte sostiene que otorgar derechos a los ecosistemas y a las especies no humanas refleja una comprensión más profunda de la relación entre las personas y su entorno. No se puede concebir una vida digna en un ambiente degradado. Cuidar la naturaleza es, en última instancia, una forma de proteger la vida humana.
Emergencia climática y desigualdad
El texto también aborda una de las dimensiones más sensibles de la crisis ambiental: la desigualdad. El tribunal alerta que no todas las personas sufren de igual manera los efectos del cambio climático. Los más perjudicados son aquellos que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, las comunidades rurales o quienes carecen de servicios básicos.
Ante esa realidad, la Corte remarca que los Estados deben priorizar sus acciones y recursos en la protección de estos grupos. Eso implica no solo adoptar políticas generales, sino desarrollar planes de adaptación específicos y garantizar espacios efectivos de participación en las decisiones que los afectan.
La participación y el derecho a defender
La opinión consultiva destaca la importancia de garantizar la participación ciudadana y proteger a quienes defienden el ambiente. Reconoce que el acceso a la información, la posibilidad de incidir en las políticas climáticas y la seguridad de los activistas son pilares fundamentales para una verdadera justicia ambiental.
Además, subraya que las estrategias frente al cambio climático deben incluir los saberes de las comunidades indígenas y tradicionales. No alcanza con soluciones técnicas: se necesita dialogar con quienes habitan y cuidan los territorios desde hace generaciones.
Una construcción colectiva
El documento no fue elaborado de manera aislada. Se nutre de tres audiencias públicas y del análisis de más de 260 presentaciones escritas provenientes de Estados, organismos internacionales, organizaciones sociales, académicos, pueblos indígenas y ciudadanos. Entre ellas se encuentra la de Greenpeace Argentina, que desde hace años reclama mayor compromiso climático y protección de los ecosistemas.
La iniciativa partió de Chile y Colombia, que solicitaron esta opinión consultiva con el objetivo de esclarecer las obligaciones jurídicas de los Estados ante la crisis climática. La Corte respondió con contundencia: actuar frente al cambio climático no es una opción, sino un imperativo derivado de los derechos humanos.
Este pronunciamiento se transforma en una herramienta jurídica clave para exigir acción, responsabilidad y justicia ambiental en toda la región, algo que celebraron las organizaciones ambientalistas del mundo, como Greenpeace, entre muchas otras.
